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El Colegio de Arquitectos pide una moratoria para el Teatro Romano

Los técnicos dicen además que debería reformarse la ley de patrimonio

El Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana pidió ayer una moratoria en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que fijó recientemente en 18 meses el plazo para revertir las obras que Giorgio Grassi y Manuel Portaceli realizaron en la rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto en los años 90. Esa moratoria debería aprovecharse, según el Colegio, para modificar la Ley Estatal de Patrimonio Histórica de manera que la actuación declarada ilegal porque modificó la planta del monumento quede ahora amparada por la norma y así evitar el conflicto.

El decano del Colegio, Juan Castillo, y el secretario, Gabriel Ibor, comparecieron ayer para exponer la postura del colectivo al que representan. Afirmaron que "la actuación realizada en el Teatro Romano es una magnífica reinterpretación moderna del teatro". Y dejaron clara su oposición a la demolición dictada por el Supremo, aunque consideran "impecable" el fallo. El problema, según él, está en que "la ley no actúa coherentemente ni en armonía con la ciencia y la racionalidad".

Los arquitectos consideran "complicado que se pueda aplicar la sentencia en su totalidad porque exige que la reversión de las obras no impida el desarrollo de la actividad cultural normal, lo que no es difícil, es imposible". Castillo e Ibor, que calificaron la Ley Estatal de Patrimonio Histórico vigente desde 1985 que daba cobertura a la realización de la rehabilitación declarada ilegal de "mala y obsoleta", reclamaron a las partes implicadas en el proceso judicial "un ejercicio de buena voluntad para que pueda producirse una moratoria".

Fuentes jurídicas consultadas consideran inviable la propuesta del Colegio. De entrada, al no ser parte en el procedimiento, no puede solicitar esa moratoria al Tribunal Supremo. Además, la aprobación de una ley o de una modificación de la existente no llegaría a tiempo porque difícilmente podría hacerse en las Cortes Generales y en las Corts autonómicas antes de 18 meses. Y, por otra parte, parece difícil que el PP, que defendió ante el Tribunal Superior de Justicia la reversibilidad de las obras dé ahora marcha atrás y alcance acuerdos.

Los arquitectos propusieron que los trabajos sean dirigidos por especialistas de prestigio y mostraron su propósito de intervenir en los trámites administrativos y jurisdiccionales para que la ejecución sea coherente con la legislación, "al margen de su eventual y deseable reforma".

También ayer, el Consell Valencià de Cultura (CVC) se mostró en contra de la intervención en el Teatro Romano.

El portavoz del Consell y vicepresidente primero, Vicente Rambla, respaldó ayer las manifestaciones de la consejera de Cultura, que tachó de "marrón" la sentencia. Rambla pidió tranquilidad y sentido común sobre un asunto que se ha convertido en una patata caliente para el Consell.

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