Vivienda renuncia a última hora a fijar un tope para las ayudas al alquiler

El Departamento de Vivienda ha renunciado in extremis a limitar la ayuda de 210 euros mensuales que recibirán los jóvenes para alquilar un piso a aquellos arrendamientos inferiores a 700 euros.

El consejero, Javier Madrazo, y su equipo tomaron esta decisión a última hora del martes, poco antes de viajar a Madrid para firmar ayer con el Ministerio de Vivienda el convenio para la gestión conjunta de la denominada "renta básica de emancipación". El acuerdo queda así exento, al menos de momento, de un tope máximo en el precio de los alquileres libres.

El cambio de criterio responde a la idea de no excluir de primeras a un buen número de jóvenes, según reconoció ayer Madrazo. La restricción que, con el argumento de evitar un aumento de los precios del alquiler, quería imponer la consejería, y que repetía la misma tarde del martes en una nota que envió a los medios de comunicación, choca de plano con la realidad. Menos de un 21% de las viviendas libres se alquila en Euskadi por menos de 720 euros mnensuales, según el informe oficial de la oferta inmobiliaria del tercer trimestre de 2007. Por tanto, el límite planteado hubiese dejado fuera de las ayudas a casi un 80% de los pisos.

La marcha atrás de Madrazo, sin embargo, no es definitiva. El Gobierno vasco estudiará el efectos de estas ayudas sobre el mercado de alquiler y, si comprueba que causan "un efecto inflacionista", establecerá un tope máximo, que ayer no concretó.

Ocho días después que en el resto de España -salvo Navarra-, hoy arranca en Euskadi la maquinaria para que los jóvenes soliciten una ayuda directa de 210 euros, que podrán cobrar un máximo de cuatro años. ¿Qué requisitos deben cumplir? Han de tener entre 22 y 29 años, contar con unos ingresos iguales o inferiores a los 22.000 euros brutos al año y ser titulares del contrato de arrendamiento de su vivienda habitual. El piso tiene que ser de alquiler libre. Los demandantes pueden vivir ya de alquiler o realizar ahora su primer contrato. El convenio permite además cobrar un único pago de 600 euros para la fianza y otros 120 para un aval. Estas dos ayudas quedan reservadas exclusivamente para los nuevos contratos.

El ministerio abona las prestaciones, mientras que el Ejecutivo autónomo tramitará las solicitudes. Las peticiones cumplimentadas deberán presentarse en las oficinas del servicio Bizilagun, sitas en las tres capitales.

La consejería calcula que tardará unos dos meses en responder a las peticiones, aunque los adjudicatarios cobrarán con efecto retroactivo desde 2 de enero. La ministra de Vivienda, Carme Chacón, adelantó que podrán beneficiarse de las ayudas unos 16.000 jóvenes. Madrazo prefirió no aventurar una cifra. "Es una estimación muy general", precisaron fuentes de su departamento.