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Una captura bajo investigación

El Gobierno vasco aprecia tres flancos débiles en la versión oficial

"No se puede combatir a ETA achicando la democracia", asegura Azkarate

El Gobierno vasco dejó ayer patente que espera aclaraciones mucho más precisas que las primeras explicaciones ofrecidas anteayer por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre el modo en que se produjeron las lesiones que presentaba el supuesto miembro de ETA Igor Portu a su ingreso ese día el Hospital Donostia.

El tripartito autonómico (PNV, EA y Ezker Batua) se pronunció ayer a través de una declaración institucional que fue leída por su portavoz, Miren Azkarate, al término de la reunión semanal del Ejecutivo, que no informó de que hubiera tomado otros acuerdos ordinarios. La declaración exige al Gobierno que aclare "con inmediatez" lo que sucedió "realmente" durante la detención y custodia del presunto activista por parte de la Guardia Civil.

Azkarate no quiso hablar explícitamente de desconfianza hacia el Gobierno central, pero la dejó entrever al responder a una pregunta: "Nuestra labor no es creer o no creer [las explicaciones de Rubalcaba] sino, ante hechos como los ocurridos, que son evidentes, pedir que se aclare lo que de verdad ha pasado, sin dejar ninguna clase de sospecha".

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, de EA, había sido mucho más explícito horas antes en una entrevista radiofónica: "No me fío de la práctica continua de los ministros de Interior del Gobierno español". Añadió que "hay cosas que no cuadran" en el relato de Rubalcaba. También dudó de la disposición anunciada por el ministro para cooperar en las diligencias judiciales abiertas en San Sebastián: "Uno sospecha que no va a haber mucha colaboración en ese proceso de investigación".

La declaración oficial del Ejecutivo autónomo recalca que la violencia de ETA "no se combate achicando la democracia", sino "respetando los derechos humanos de todas las personas". El terrorismo, prosigue, "no se combate ni con la dispersión de presos, ni con la existencia de permanentes denuncias sobre prácticas de tortura en informes oficiales, ni mirando hacia otro lado cuando hay sospechas de que han existido. Tampoco con la Ley de Partidos ni ilegalizando ideas", señaló la portavoz, quien, al tiempo, negó "legitimidad para alzar la voz" a los que no condenan los asesinatos y la violencia etarra.

Los flancos débiles que el Gobierno vasco ve en la versión de Rubalcaba son tres: por qué pasaron más de 15 horas hasta el traslado de Portu al hospital "si es verdad que las graves lesiones se produjeron en el momento de la detención"; "por qué no se informó" de que se había usado la fuerza en la detención [Rubalcaba señaló que la Audiencia Nacional fue inmediatamente informada de las circunstancias de la detención] y por qué no se le trasladó de inmediato a un hospital "para disipar cualquier duda". Por último, quiere que el ministro aclare cómo fue posible que el detenido pudiera participar con normalidad en el registro de su domicilio en la noche del domingo con las lesiones que ya entonces, según la versión oficial, sufría.

Dos de los tres partidos del Gobierno vasco insistieron en sus críticas: para EB, las explicaciones del ministro presentan "más sombras que luces", mientras que EA planteará a la UE que estudie si la legislación antiterrorista española es compatible con la Carta de Derechos Fundamentales europea.

El delegado del Gobierno en Euskadi, Paulino Luesma, descalificó la declaración del tripartito por poner "en entredicho innecesariamente la credibilidad de las instituciones democráticas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de enero de 2008