Afectados por la Ley de Costas se unen contra posibles derribos

Afectados por la Ley de Costas, aprobada en 1988, han decidido unirse para protestar contra la aplicación de una norma que deja fuera de ordenación sus propiedades a pie de playa y que puede acabar con sus casas bajo la piqueta. El Ministerio de Medio Ambiente ha dado esta legislatura un impulso al proceso de deslinde del dominio marítimo-terrestre, que implica fijar una franja de protección de la zona litoral pegada a las playas, donde en más de un municipio se ha construido antes y después de aprobarse la ley. Las edificaciones que quedan en dominio público deben derribarse o tramitar una concesión de uso de un máximo de 60 años si son anteriores a la ley y se construyeron legalmente.

Los afectados, tanto de casos que se arrastran en los tribunales desde hace años -cientos de apartamentos en la playa de Arenales del Sol de Elche- como de expedientes recientes -el hotel Sidi Saler de Valencia y la cercana urbanización La Casbah- se reunieron el lunes en torno a su abogado y especialista en asuntos de deslinde, José Ortega, para formar una plataforma contra esta aplicación de la Ley de Costas. La consideran "abusiva" y esperan abrir un debate público sobre la norma con informes al Gobierno, los partidos y el Defensor del Pueblo. También estudian denunciar la ley ante la Unión Europea.

El delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, señaló al respecto que la Ley de Costas tiene como objetivo proteger el litoral y se aplica de forma "serena y paulatina". Bernabé pidió a los afectados "participación activa" en los procesos de deslinde -en el caso valenciano está hecho más del 75%- y garantía de la "compensación correspondiente" en caso de derribo.