Opciones económicas...

El inicio de la larga precampaña electoral ha contado con la presencia de un invitado no previsto: el brusco deterioro de las expectativas económicas para el año 2008. No se trata de que España haya entrado en recesión, una situación de la que se está muy lejos, sino de que la sucesión de indicadores desfavorables ha afectado la confianza de los ciudadanos.

La inflación y el paro empañan el balance de la economía española en 2007, y crece la inquietud acerca de su comportamiento inmediato. No son rasgos exclusivos de nuestro país, pero sí más preocupantes que en el resto de Europa. Desde luego, el primero de ellos, la inflación, que en su registro del índice de precios al consumo armonizado (IPCA), ha confirmado las previsiones más pesimistas: el 4,3% de aumento con que se ha despedido 2007 es el peor de los últimos 12 años. Sus consecuencias son difíciles de minimizar: además de erosionar la capacidad adquisitiva de los perceptores de rentas sin posibilidad de revisión, deteriora la ya débil capacidad competitiva de las exportaciones de bienes y servicios, limitando la reconducción de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Los datos de paro conocidos también esta semana dejan poco lugar para la duda: diciembre ha sido el tercer mes consecutivo en el que ha aumentado el número de desempleados en España. Hoy existen 106.000 parados más que en 2006. La construcción ha sido el sector en el que más se ha dejado sentir la destrucción de empleo y los trabajadores inmigrantes quienes más la están sufriendo. El sector de la vivienda, principal motor de la economía durante los últimos años, da señales de haber dejado atrás los momentos de euforia: el precio de los pisos ha aumentado el 1,1 % durante el último semestre, cuando no hace tanto los incrementos anuales alcanzaban los dos dígitos. Ocurre, además, que el elevado nivel de endeudamiento de las familias, con tipos de interés elevados, reduce la renta disponible para el consumo, el otro motor de la reciente bonanza española.

Aun cuando esta concentración de indicadores económicos adversos no sea extrapolable a 2008, lo cierto es que algunos de ellos van a tardar en registrar mejoras significativas. Las propias autoridades económicas han admitido que la inflación no cederá hasta pasado el primer trimestre, siempre que los precios de los bienes energéticos, el petróleo de forma destacada, reconduzcan sus repuntes recientes. El entorno internacional, ya sea en su dimensión geopolítica o en la estrictamente económica, no actuará precisamente como cómplice de la renovación de los ritmos de crecimiento que registró España en el pasado. A los máximos en el precio del crudo seguirán acompañando las dificultades para superar la crisis financiera originada en el mercado hipotecario de EE UU.

A diferencia de episodios anteriores de desaceleración global o de crisis inmobiliarias como la de principios de los noventa, la economía española se enfrenta a la nueva situación con unas finanzas públicas saneadas, que otorgan importantes márgenes de maniobra para compensar, aunque sea parcialmente, la debilidad de la inversión y el consumo privados. La asignación del gasto público asegura la continuidad de la inversión en infraestructuras y en las no menos relevantes partidas destinadas a fortalecer el capital tecnológico y humano. No cabría descartar, por tanto, que aunque resultara menor el crecimiento en 2008, su composición fuera más equilibrada y saneada que en los últimos años.

Para que esa posibilidad prospere, las opciones de política económica adoptadas después de las elecciones serán decisivas. No tendría el mismo efecto centrarse exclusivamente en el saneamiento de las finanzas públicas, que en la mejora de las condiciones de oferta de la economía.