Trabajar en la tercera edad

Jubilarse supone para muchos profesionales dilapidar una fuente de conocimiento labrada durante años. Con la idea de "no malgastar ese material", Jacobo Atienza, traumatólogo de 65 años, decidió hace unos meses retrasar un poco más el momento de colgar su bata blanca. "Tengo derecho a la pensión máxima, que es la mitad de lo que cobro ahora. Pero no lo he hecho por eso", precisa Atienza, que ejerce como jefe de sección de Traumatología del hospital Gregorio Marañón de Madrid. Hasta el momento, muy pocos trabajadores optan por seguir en activo más allá de los 65. Desde este mes, quienes se lo estén pensando tendrán un incentivo económico para hacerlo.

La reforma de la Seguridad Social que ha entrado en vigor en 2008 mejora un 2% la pensión de quien se jubile pasados los 65 años. Ese porcentaje (3% en caso de que el trabajador pueda acreditar más de 40 años cotizados) se aplica por cada año adicional que el empleado decida permanecer en su puesto y se aplica a todos los trabajadores, tanto asalariados como autónomos. Así, un trabajador que decida retirarse con 66 años y que tuviera derecho, por ejemplo, a la pensión media de jubilación (766,52 euros) cobrará 15 euros más al mes (23 en el caso de haber cotizado más de 40 años).

El diputado socialista Leguina ha pedido volver al INE a sus 66 años

Se pretende acercar la edad media de jubilación, 63,5 años, a la legal

Las cantidades aumentan progresivamente en función de los años suplementarios cotizados, sin límite de edad. Así, ese mismo pensionista que apenas superaba los 760 euros puede aproximarse a los 850 con cinco años más de trabajo y a los 900 si ha trabajado más de 40 años.

Buena parte de las personas que se vean en la disyuntiva de retirarse o continuar su labor serán profesionales cualificados, satisfechos y bien remunerados, por lo que en general les corresponderá la pensión máxima el día que decidan jubilarse (2.384 euros este año). Por eso era importante que la reforma de la Seguridad Social permitiera también mejorar el tope de esa pensión en el mismo porcentaje que el resto de los casos.

En muchas ocasiones, los profesionales se resisten a cambiar esos jugosos ingresos por una prestación mucho más modesta. Es el caso de Joaquín Leguina, diputado socialista que este año abandona el hemiciclo y que, a sus 66 años, ha solicitado volver como demógrafo a su antigua casa, el Instituto Nacional de Estadística (INE). "Lo que intentaré hacer es no jubilarme; me jubilará la muerte", ironiza. El ex presidente de la Comunidad de Madrid confiesa una mezcla de razones económicas y de inquietud personal -"sigo necesitando un cierto ritmo de trabajo"- para seguir fichando cada mañana. Tampoco cree que acabe sus días en el INE. "Pasado un tiempo, iré a otra cosa", vaticina.

Sea por motivos económicos o vocacionales, fomentar por ley una jubilación más tardía traslada a la sociedad el mensaje de que el sistema de pensiones necesita más recursos para sostenerse en el futuro. La Seguridad Social no ha previsto la incidencia que esta medida pueda tener en las cuentas públicas, pero sí se ha trazado un objetivo: acercar al máximo la edad real de jubilación (de media, 63,5 años, según el Ministerio de Trabajo) a la legal, 65. En la medida en que eso se consiga, se considerará un éxito. Con una población cada vez más longeva que convive con menos nacimientos, urgen las medidas de racionalidad económica. La Unión Europea calcula que España contará con 66 mayores por cada 100 personas en edad de trabajar en 2050.

Más allá de los beneficios personales, permanecer en activo una vez alcanzada la tercera edad puede contribuir a aliviar la presión social instaurada en los últimos años para que los trabajadores abandonen sus puestos cuando ya no son tan jóvenes. Grandes empresas, especialmente del sector bancario y antiguos monopolios, han desembolsado cantidades de dinero sonrojantes para librarse de sus empleados a partir de los 52 años. Y el coste no sólo lo asumen las compañías, sino el Estado, que abona un paro ficticio a esos expulsados del mercado laboral hasta que reúnen las condiciones para cobrar pensión. "La empresa en la que trabajaba, Metro de Madrid, decidió no contar conmigo a partir de 1998; entonces me propuso una salida con un expediente de despido", explica Luis Azanza, de 70 años, jubilado a la fuerza desde los 61. Azanza cobra una pensión mermada por haber accedido a ella antes de tiempo, pero también la reforma de la Seguridad Social mejora su situación, pues suaviza esos coeficientes reductores aplicados a quienes se prejubilaron antes de 2002.

El ex empleado de Metro, con una larga y dispar carrera profesional a las espaldas, se resistió a encerrarse en sus cuatro paredes y ahora forma parte de la ejecutiva de la Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de UGT. "Es un trabajo voluntario, no cobro por ello", aclara. El secretario general de esta organización, Pablo Navarro, confía en que la ley ayude a mitigar "al menos la cuestión psicológica" que ha impulsado las prejubilaciones en los últimos años.

Con esa labor en la Unión de Pensionistas, Azanza se asemeja mucho más al doctor Atienza, ocupado a diario en el hospital, que al jubilado tipo. Aunque la profesión no tiene por qué anular otras facetas generalmente asociadas a la etapa del retiro. "Tengo un nieto de un año y pico, al que le dedico las tardes", subraya el traumatólogo.