El Gobierno da por probado que el 'Prestige' se hundió por su mal estado

El Gobierno seguirá peleando en los tribunales de Estados Unidos por obtener 1.000 millones de dólares de compensación por los daños de la mayor catástrofe ecológica ocurrida en España, el hundimiento del Prestige en noviembre de 2002. Ante la decisión de una juez de Nueva York de rechazar la demanda de las autoridades españolas contra la empresa American Bureau of Shipping (ABS) que certificó apto para navegar el petrolero sólo seis meses antes de que sufriese una vía de agua y provocase una gran marea negra en la costa gallega, el Ejecutivo anunció ayer su intención de agotar todos los recursos posibles contra esta resolución.

"No se cierra definitivamente el proceso", insistió la Abogacía del Estado, sino que, por el contrario, se logra un importante reconocimiento: la larga instrucción judicial en Nueva York, durante casi cuatro años, da por "probada e indiscutida", según los representantes del Gobierno, su principal tesis sobre las causas de la catástrofe, es decir, que el viejo petrolero de propiedad griega y bandera de las Bahamas se accidentó y hundió frente a Galicia porque tenía un "fallo estructural", no a raíz de la decisión del Ministerio de Fomento de mantenerlo, herido, vertiendo fuel y en pleno temporal, alejado de la costa gallega. Mientras languidece en el pequeño juzgado de Corcubión (A Coruña) la instrucción de la ya muy abultada causa penal por esta catástrofe, en la que están imputados el capitán griego del barco así como el entonces responsable de Marina Mercante del Gobierno central, las autoridades españolas consideran que tienen motivos para seguir adelante con su demanda por la vía civil en Estados Unidos dado que la juez rechazó por razones de forma y no de fondo su reclamación.

Laura Swain, la titular del Juzgado del Distrito Sur de Nueva York, no entra a valorar si ABS fue negligente al certificar las condiciones del Prestige para navegar, como sostiene España, sino que se limita a dictaminar que no tiene "la jurisdicción necesaria" para atender esa reclamación.

Swain da la razón, en su fallo, a ABS al interpretar que el convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños de contaminación de hidrocarburos (CLC), que suscribió España pero no Estados Unidos, obliga a presentar las demandas en el país que sufrió la catástrofe y excluye expresamente del listado de implicados a los que se puede reclamar a las empresas que certifican las condiciones del barco para navegar."España debe limitarse a obtener respuesta dentro de los límites de esa convención y en sus propios tribunales", apunta la juez. Pero la Abogacía General del Estado, junto con el bufete estadounidense que le asiste en esta causa, entienden que "no existen precedentes jurisprudenciales", algo de "trascendental importancia en el derecho norteamericano", para avalar los argumentos de la juez, por lo que recurrirán su resolución.

España no sólo defiende que el convenio CLC sí le permite demandar a la empresa que certificó que el Prestige estaba en condiciones de navegar. Para la Abogacía del Estado, es especialmente importante que en el relato de los hechos que la juez de Nueva York considera probados, afirme que el Prestige, "tras partir del puerto de Venspils, en Letonia, totalmente cargado, sufrió fallos estructurales que dieron lugar al vertido de grandes cantidades de fuel en las proximidades de la costa". Esta frase implica, según el Gobierno, "una llamada explícita a la responsabilidad de los titulares del buque" (la armadora griega Universe Maritime), "y de la compañía que lo inspeccionaba y certificaba su navegabilidad", ABS. Éste es el principal motivo que llevó a España a presentar una demanda civil en EE UU para pedir indemnizaciones.

En la única causa penal abierta, en Corcubión, se sigue tratando de dirimir responsabilidades en el entramado empresarial del Prestige, un barco de una empresa de Liberia (Mare Shipping Inc.), con bandera de Bahamas y armador griego. La instrucción sólo apunta a dos posibles responsables, el capitán, Mangouras, y el ex alto cargo de Fomento López Sors. Si sale condenado del juicio aún sin fecha, el Gobierno podría ser responsable civil subsidiario.