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El Teatro Romano de Sagunto, condenado a ser ruina

El Supremo ratifica la demolición de las gradas y del escenario

La polémica restauración del Teatro Romano de Sagunto se deberá derribar en el plazo de 18 meses. Una sentencia del Tribunal Supremo así lo ha dictaminado al desestimar el último recurso interpuesto por el Ayuntamiento de la población valenciana. Se levantarán las placas de mármol que se superponen a la anterior piedra de las gradas y se demolerá el muro de cierre de la escena hasta una altura de 1,20 metros. Es decir, desaparecerá el actual escenario reconstruido y el teatro recuperará su aspecto ruinoso previo a la intervención diseñada por los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli. Se pone fin a un litigio de 17 años que ha transitado por el movedizo terreno de la política y del debate arquitectónico de qué hacer con las ruinas. En este caso, un teatro romano, construido en el siglo I, probablemente entre los emperadores Augusto y Tiberio, y declarado monumento nacional.

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La sentencia del Supremo confirma el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y recoge que el Ayuntamiento y la Generalitat están de acuerdo en que las obras de reversibilidad son posibles, y por tanto, el fallo es ejecutable. La Generalitat debe ejecutar la sentencia que acarreará un coste en torno a seis millones de euros.

El TSJCV consideró ilegal en 1993 la intervención por infringir la ley estatal de Patrimonio Histórico Español de 1985. La razón: "El proyecto de restauración y rehabilitación consistía realmente en una obra que se asienta sobre las ruinas de un teatro romano y las oculta, tratándose de una reconstrucción sobre las ruinas auténticas (...)". El teatro se construyó en el siglo I y sufrió múltiples modificaciones. El arquitecto Manuel Portaceli ha reiterado que el teatro ya estaba reconstruido en un 80% antes de la intervención.

El abogado y ex diputado autonómico del PP Juan Marco Molines inició el litigio en 1993. Ayer dijo estar "muy satisfecho de haber llegado a la meta".Marco Molines inició las acciones legales contra la intervención, paralizada por el TSJCV, y promovida por la Generalitat, a la sazón gobernada por Joan Lerma, del PSPV-PSOE. "Se acabó la posibilidad de recursos", comentó el abogado.

En 1993 las obras fueron declaradas ilegales. Y en el 2000, el Supremo confirmó el fallo aunque introdujo una consideración nueva. "La obra de restauración y rehabilitación del Teatro romano de Sagunto supone una reconstrucción del mismo y en algunos casos una simple construcción de un teatro romano, al ignorarse la forma que los elementos reales tenían", dijo el Alto Tribunal. Y agregó: "El rechazo de la legalidad del proyecto no supone en modo alguno su desautorización desde el punto de vista estrictamente cultural". Tras eso, vino la ejecución de sentencia.

La sala del TSJ trató de atar al detalle, y con el acuerdo de las partes, el proceso de reversión de las obras. Fijó inicialmente seis meses. Todos de acuerdo en que el plazo era escaso. Se fijó en 18 meses. No fue alegremente. Hubo comisión de expertos, acordados por los intervinientes en el procedimiento. Se realizaron valoraciones que la sala tuvo en cuenta y se consensuó que las obras eran reversibles y que era necesario garantizar el uso cultural del emplazamiento sin dañar la vida social, económica y cultural de Sagunto. El Ayuntamiento, con una alcaldesa socialista, Gloria Calero, volvió a recurrir. Ahora, el Supremo afirma; "La sentencia recurrida era ejecutable una vez firme".

La sala considera que el recurso no obedece a los objetivos por los que se presentó y no incluye nada que no hubiera estado ya resuelto. Esencialmente: ante la posibilidad de que colisionaran las leyes de patrimonio del Estado y la de la Generalitat, esta última aprobada mucho después de que se realizaran las obras en el teatro y en las que tal vez podrían haber encajado y no haber sido consideradas ilegales, el consistorio defendió que tocaba que el TSJ se ampara en la ley autonómica. El argumento no ha prosperado. El Supremo afirma que era obvio que no correspondía. La ley que amparaba la actuación era la estatal y no cabe otra opción. A partir de ahí, las interpretaciones sobre vulneraciones derivadas que ha esgrimido el consistorio, dejan de tener sentido. El Supremo defiende y reproduce los argumentos del TSJ porque considera que fueron suficientemente explicados, trabajados y contrastados. Por la sin razón del recurso, le imputa las costas derivadas de este procedimiento,aunque también castiga a la Generalitat limitando la tasación de sus abogados porque anunció un recurso contra las tesis de la corporación de Sagunto y presentó uno que las respalda.

La Generalitat guardaba ayer silencio. Cultura excusó hacer pública cualquier valoración del fallo en que "oficialmente no ha sido trasladado el documento". Como antecedente, a principios de diciembre, la consejera de Cultura, Trinidad Miró, dijo que "lo peor" de la ejecución de la sentencia no sería "lo económico" sino "la destroza".

El PP encabezado por Eduardo Zaplana hizo bandera contra el proyecto en los noventa. La campaña fue perdiendo fuerza mientras se iba dotando de uso cultural al recinto, ya con los populares en el gobierno del Consell. El teatro romano se convirtió en una patata caliente.

El alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló (PP), quiso, sin embargo, ser tajante ayer: "Es prioritario" revertir la "agresión" al patrimonio de "estas obras ilegales", y se mostró esperanzado de que la Generalitat lo cumpla en el tiempo establecido. La ex alcaldesa socialista, Gloria Calero, acusó a los populares de "quedar como los talibanes del siglo XXI". La diputada socialista Ana Noguera se preguntó por qué el PP no ha derribado las gradas del estadio Mestalla declaradas ilegales y pidió la comparecencia de Miró en Cortes.

La coordinadora de EU, Glòria Marcos, criticó la "incoherencia" del PP al permitir que se gaste dinero en "destruir" un equipamiento cultural en uso, mientras que "no invierte en conservar el patrimonio". La presidenta del Col.lectiu pel Patrimoni Saguntí, Concha Cardo, indicó que la reversibilidad de las obras del teatro supone una "ruina cultural y ambiental".

21 años del proyecto y 17 de litigio

- 1986. La Generalitat, gobernada por el socialista Joan Lerma, encarga a G. Grassi y M. Portaceli rehabilitar el teatro, siendo Ciprià Ciscar consejero, y Tomás Llorens, director de Patrimonio.

- 1993. El Tribunal Superior de Justicia paraliza las obras por ilegales ante el recurso de Juan Marco Molines.

- 1996. La Generalitat, gobernada por el PP, se retira del pleito sabiendo que el Ayuntamiento continúa.

- 1999-2000. El Supremo confirma ilegalidad de las obras

- 2003. El TSJ ordena tirar el muro y levantar las gradas.

- 2007. El Supremo confirma la ejecución de la sentencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de enero de 2008

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