Unidad de mercado... en lo universal

Hace unos días, Mariano Rajoy avanzó que si el PP gana las próximas elecciones generales, aprobarán una ley de unidad de mercado y crearán una comisión nacional de unidad de mercado. La libertad económica en toda España se encuentra amenazada, según el candidato popular, por la proliferación de normas autonómicas sobre materias económicas que distorsionan la unidad del mercado estatal. No es la primera vez que escuchamos propuestas y argumentaciones de esta naturaleza... probablemente, tampoco será la última. Con su propuesta, Rajoy y su partido asumen el papel de brazo político de la CEOE, que unos días antes ya había avanzado una petición en ese sentido. La formulación de la CEOE es incluso más agresiva que la del PP contra el modelo autonómico del Estado, al que responsabiliza de la existencia de modelos económicos y sociales diferentes en el territorio del Estado español.

La apelación a la unidad de mercado parece obedecer a la voluntad de 'lobbies' económicos en Madrid

Los objetivos que declaran los autores de este tipo de propuestas acostumbran a ser de lo más razonables: favorecer la eficiencia del sistema económico, garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos, impulsar la competitividad y proporcionar unos menores costes para el consumidor. El sustrato intelectual que los alimenta, sin embargo, es el mismo que inspiró un antiguo y conocido informe que con el título Unidad de mercado y cohesión social realizó el Consejo Económico y Social (CES) en junio de 2000. Para el CES, la unidad del orden económico nacional era "la proyección sobre el plano económico del principio de la indisoluble unidad de la nación española, principio sobre el cual, como es sabido, se fundamenta la Constitución". La preocupación por el quebranto del orden constitucional, pues, no parece tanto que esté en la raíz de estas propuestas como la añoranza de la unidad de destino, perdón, de mercado, en lo universal.

En primer lugar, convendría recordar a quien pretenda encontrar la expresión "unidad de mercado" en la Constitución Española de 1978 (CE) que pierde su tiempo: no la encontrará, porque no está. Bien es cierto que la CE atribuye al Estado amplias y ambiguas funciones exclusivas en materia económica. La de elaborar "las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica" (art. 149.1.13º), por ejemplo, ha sido la base utilizada por todos los gobiernos del Estado, hasta ahora, para intervenir a discreción en materias económicas reservadas, por asignación estatutaria, a las autonomías.

La apelación a la unidad de mercado, muchas veces, parece obedecer a la voluntad de determinados lobbies económicos, domiciliados y muy activos en Madrid, de recuperar su omnipotente influencia de antaño para inspirar regulaciones que les beneficiaban. Si lo que se pretende es eficiencia en la provisión de los servicios y precios mínimos al consumidor, habría que reflexionar mucho sobre el funcionamiento de algunos mercados estatales plenamente unificados. La referencia al mercado eléctrico, por ejemplo, será ilustrativa, por lo menos para los catalanes.

Y también habría que reflexionar mucho sobre la naturaleza y los objetivos de la injerencia estatal en determinadas competencias económicas claramente atribuidas a las autonomías. Porque, francamente, todavía no he conseguido entender -por ejemplo- cómo afecta al consumidor o a las empresas el hecho de que la ciudad de Guadalajara tenga horarios comerciales diferentes a los de la ciudad de Manresa. Creo que estas dos referencias ponen de manifiesto, claramente, el objetivo esencial tanto de la CEOE como del PP cuando hablan de unidad de mercado. Su beneficiario principal no son los consumidores, ni las pymes, ni la competencia: su preocupación única son las grandes empresas afincadas en Madrid, de capital estatal o foráneo, que operan en sectores regulados o que tienen vocación de dominio del mercado. Las empresas de la economía productiva eficientes y con visión estratégica, acostumbradas a lidiar en mercados plenamente liberalizados y competitivos, hace tiempo que saben que la principal unidad de mercado relevante es la Unión Europea. También saben que en el país paladín de la economía de mercado, Estados Unidos, cada Estado compite con los otros en fiscalidad y modelos distintos de regulación normativa, provocando un efecto de emulación plenamente vigorizante de la auténtica libertad de mercado. Las empresas ya se cuidan de escoger dónde invierten en función de las distintas realidades. Al mismo tiempo, la Small Bussiness Agency se preocupa de proteger a las pymes y de reservarles una cuota importante del mercado público.

Las administraciones públicas, en todos sus niveles, deben plantearse si el alcance de sus regulaciones y la agilidad de sus procesos burocráticos que afectan a las empresas es la adecuada o están poniendo limitaciones a su competitividad. En Cataluña, por ejemplo, el Gobierno de la Generalitat lo ha hecho y ha elaborado un paquete de 48 medidas de desburocratización en las materias económicas de su competencia. Creo que ésta es la vía correcta: administración, la imprescindible; administraciones, las que los ciudadanos han creído políticamente necesarias para garantizar sus derechos y libertades, y libre competencia también entre administraciones territoriales. Y que gane el mejor.

Josep Huguet es consejero del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat.