Una mancha sobre ocho distritos

Un particular, dueño de una discoteca, dio pistas sobre la trama con la denuncia presentada en verano. Unos funcionarios, según su relato, le intentaron cobrar por una licencia municipal. Esta acusación fue el detonante de la llamada Operación Guateque, una investigación de la Guardia Civil, dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, que ha destapado la trama de corrupción más importante detectada en el Ayuntamiento de la capital. Un grupo de funcionarios, según los primeros resultados de la investigación, se dedicaba al cobro de comisiones ilegales (mordidas) para agilizar la concesión de licencias de bares y locales de ocio. Ya son ocho las Juntas de Distrito de Madrid investigadas y dos concejalías implicadas.

La trama es la más importante conocida hasta ahora en la capital de España

La mordida era "una sangría dineraria" para las víctimas de la red

Las primeras detenciones se produjeron la mañana del pasado 14 de noviembre. Agentes de la Guardia Civil acompañados por la Policía Municipal irrumpían de manera simultánea en la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la Concejalía de Medio Ambiente y en las juntas de distrito de Centro, Chamberí y San Blas. Los agentes también entraron en domicilios particulares y en oficinas de empresas o personas supuestamente implicadas en la trama. Era la primera entrega tras cinco meses de investigación y 10 teléfonos de funcionarios pinchados por orden judicial. Los agentes pusieron esa mañana a disposición del juez a 16 funcionarios sospechosos de integrar una compleja trama de corrupción.

Los responsables exigían cantidades que oscilaban entre 3.000 y 18.000 euros por conceder las licencias de locales de ocio. El pago en otras ocasiones lo hacían para que los expedientes sancionadores se perdieran o caducaran. "Si no me das un kilo [6.000 euros], esta licencia no la tendrás nunca", llegaban a decir los funcionarios, según las conversaciones grabadas por orden judicial.

Al frente de la trama, según las investigaciones, estaba Victoriano Ceballos Fernández, cuñado de un ex concejal socialista y colocado a dedo hace más de 20 años. En la actualidad está en prisión, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El PSOE acusó al PP de haber permitido que siguiera en su puesto pese a ser investigado por delitos similares en 1996. Otro de los supuestos cabecillas era Joaquín Fernández de Castro, que fue destituido de su cargo de director de servicios de Medio Ambiente en 2003. En la actualidad ocupaba la jefatura de Evaluación Ambiental. Desde su puesto controlaba los locales que incumplían la normativa de ruidos.

La Operación Guateque ha ido creciendo con el paso de los días. El 16 de noviembre fue arrestado otro funcionario por la Guardia Civil. A éste se sumaban otros cinco trabajadores municipales imputados. Era el resultado del primer análisis de los 187 expedientes que fueron decomisados por la Guardia Civil en los edificios municipales.

El juez de guardia Francisco Javier Teijeiro tomó declaración durante el fin de semana del 17 y 18 de noviembre a los detenidos. Decretó el ingreso en prisión de seis personas (cinco de ellas, funcionarios), entre los que estaba Ceballos. De los nueve restantes, algunos quedaron en libertad con cargos.

El funcionario jubilado adscrito a la Gerencia de Urbanismo Carmelo García Sánchez, también ingresó en prisión por orden del juez el 20 de noviembre. Este trabajador había sido investigado en 2004 por haber participado supuestamente en una trama de cobro de comisiones ilegales a empresarios para agilizar licencias pero fue absuelto por falta de pruebas.

La bronca política acampó entonces en el Ayuntamiento de Madrid, donde a las peticiones de dimisión que cursaba el PSOE, el PP replicaba con acusaciones como que la sede principal de los socialistas carecía de licencia y amenazó con enviar inspectores. En Madrid son numerosos los establecimientos y edificios que carecen de licencia de funcionamiento o tienen una provisional. La trama ha tocado también a empresarios, arquitectos y abogados que actuaban como intermediarios. Los investigadores concluyeron que durante "muchos años" la corrupción "campaba a sus anchas" en el Ayuntamiento de Madrid, provocando una "sangría dineraria" para las víctimas de la red.