Interior asume la inspección de las empresas de seguridad privada

A menos de tres meses para las elecciones generales, el Gobierno abrió ayer la segunda tanda de transferencias a la Generalitat según lo previsto en el Estatuto. Los dos gobiernos acordaron que la Generalitat asuma las competencias ejecutivas en materia de seguridad privada. Previsiblemente, a este traspaso se sumará, en la segunda semana de enero, la transferencia de nuevas competencias sobre ordenación del litoral, inmigración y gestión de becas. "Estamos avanzando en las negociaciones", dijo ayer con precaución el consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura.

El convenio firmado ayer por el Ministerio del Interior y el Departamento de Interior permitirá desarrollar el artículo 163 del nuevo Estatuto. Por primera vez, la Generalitat autorizará a las empresas de seguridad privada con domicilio social en Cataluña, siempre que su ámbito de actuación no supere el territorio de la comunidad. Y lo que es más relevante: los Mossos d'Esquadra serán los únicos encargados de inspeccionar y, en su caso, sancionar a las empresas que vulneren la normativa.

La Generalitat se encargará de la coordinación entre los cuerpos policiales y el personal vinculado a la seguridad privada. Se trata de un sector económico potente y en auge donde trabajan, sólo en Cataluña, más de 13.000 personas entre investigadores, detectives y, sobre todo, vigilantes de seguridad.

Toda esa legión de vigilantes tiene que pasar necesariamente por los llamados centros de formación, que a partir de ahora también tendrán que ser autorizados por la Generalitat. La Asociación Española de Centros de Formación de Seguridad lo ve con recelo. "No me parece adecuado, porque puede que el Gobierno catalán tenga criterios distintos", explicó ayer su presidente, Miguel Expósito.

Los traspasos de competencias de la Generalitat continuarán el 9 o el 10 de enero, cuando tiene previsto reunirse la comisión bilateral que sienta en la misma mesa a la Administración central y la autonómica. Ayer Saura especificó que hay avances importantes en transferencias sobre inmigración y en la segunda fase de las transferencias sobre ordenación del litoral. Más lentas van las negociaciones para que la Generalitat pueda homologar las titulaciones universitarias.

En lo que no hay ningún tipo de acuerdo es en el traspaso de Cercanías, transferencia que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió para el próximo 1 de enero. La negociación se ha encallado porque la crisis ferroviaria ha hecho que la Generalitat pida ahora muchas más garantías antes de aceptar la transferencia. Tampoco hay avances en el cambio de modelo aeroportuario, y eso que también ha expirado el plazo que se propuso Zapatero.

La segunda tanda de traspasos llega después que el pasado julio se materializaran las transferencias del hospital Clínico de Barcelona y la primera fase de competencias sobre ordenación del litoral.