Rusia, el terror de la historia

Por sus barreras psicológicas, su propia biografía y el miedo a desestabilizar la sociedad, los dirigentes rusos no están preparados para condenar con todas sus consecuencias al régimen de la URSS ni han podido avanzar en el proceso de liberarse de los fantasmas del estalinismo.

La rehabilitación de las víctimas de la represión política, comenzada por Nikita Jruschov, continuó con Mijaíl Gorbachov y se interrumpió de forma abrupta al desmoronarse la URSS. En 1992 entró en vigor una ley que "situó el punto cero de la historia legal de Rusia en octubre de 1917", al haber sido aprobada por un parlamento ruso, en octubre de 1991, pero cuando aún existía la legalidad soviética. A tenor de ese documento más de 775.000 personas han sido rehabilitadas (datos de octubre de 2006). Sin embargo, el alcance de la rehabilitación es limitado, ya que una cosa son los injustamente tratados por la URSS y otra, los que lucharon en contra.

En 1992, una ley situó el punto cero de la historia rusa en octubre de 1917

Durante la Guerra Civil (1918-1921), Rusia estuvo fragmentada en espacios controlados por fuerzas diferentes donde imperaban diferentes leyes. La ley de 1991 tomó partido por los "rojos", aunque el poder soviético no se fortaleció en un instante y coexistió con otros espacios legales, señala Roginski. En 1922 en Moscú se procesó a los líderes de Socialistas Revolucionarios y 17 personas fueron condenadas a muerte. De ellas, cinco no han sido rehabilitadas hasta hoy ya que lucharon contra los bolcheviques por considerarlos unos delincuentes, explica el presidente de Memorial.

Motivos políticos impiden, según Roginski, la rehabilitación de Nicolás II y de los oficiales polacos fusilados por el NKVD (precursor del KGB) en 1940 en Katín, en las cercanías de Smolensk. Las autoridades afirman que no se ha probado la existencia de una sentencia legal para fusilar a Nicolás II y a su familia. El argumento es falaz, porque los tribunales rehabilitan otras víctimas de la represión, condenadas por órganos tan ilegales como el que decidió asesinar a la familia del zar en 1918 en Yekaterinburg. Roginski recuerda haber conocido "a ancianos que se jactaban de haber participado en el fusilamiento del zar para aspirar a una pensión extraordinaria". Si se rehabilitara al zar y su familia, lo máximo a que tendrían derecho los Románov sería a 10.000 rublos por cabeza (cerca de 300 euros), si hubieran perdido propiedades inmobiliarias. señala. En Katín, las autoridades entorpecen la investigación para "no dar un triunfo que incremente el ya caldeado ambiente antiruso". Memorial ha protestado contra la negativa de la fiscalía a considerar a los muertos de Katín como víctimas del estalinismo.

"La rehabilitación del zar, de miembros de gobiernos blancos o de la oficialidad blanca, conducen a una revisión radical del régimen en el que vivimos". "Al declararnos herederos de la Unión Soviética en 1991, tomamos sobre nuestros hombros toda la historia de la URSS y comenzamos a contar nuestra historia a partir del golpe de Estado bolchevique, que sigue siendo legítimo para nosotros", afirma Roginski.

"En la cabeza del ruso de a pie hay una antítesis. Por un lado está Lenin, el símbolo de los bolcheviques, y por el otro Nicolás II. Cuando le fusilaron, Nicolás era un simple ciudadano que había renunciado a ser zar antes de que Lenin volviera de la emigración". " Si se rehabilita a Nicolás II, habrá que derribar miles de monumentos dedicados a Lenin, cambiar el nombre de avenidas y calles". "No sólo se trata de Lenin. La rehabilitación del zar, del movimiento blanco nos lleva a valorar toda nuestra historia como delictiva y a reconocer que nos basamos en una toma violenta del poder". "Las autoridades no están preparadas y creen que la sociedad no lo está tampoco. Tienen miedo a dar pasos bruscos", afirma el presidente de Memorial.

La mayoría de los represaliados por el estalinismo fueron condenados por órganos no constitucionales. En los años del Gran Terror (1937-38), las troikas (tribunales formados por el jefe del NKVD, el fiscal y el responsable comunista local) desempeñaron el papel principal y dictaron la mayoría de las condenas y, junto con las dvoikas (tribunales de dos miembros), condenaron a cerca de 1.200.000 de personas en 14 meses, según Roginski.

Roginski subraya las dificultad para rehabilitar a quienes no fueron condenados formalmente por motivos políticos. En la segunda guerra mundial "divisiones enteras (del ejército rojo)" fueron juzgadas por "traición a la patria", aunque su único delito fue haber caído prisioneras de los alemanes. Aún hoy no pueden acogerse a la rehabilitación, pese a que mucho depende de la mentalidad de los fiscales concretos que deciden. En los noventa existían en la fiscalía secciones especiales de rehabilitación, que fueron desapareciendo paulatinamente porque el proceso se considera prácticamente acabado.

Las dificultades para acceder a los archivos y documentos sobre el terror en Rusia responde al miedo de las autoridades a un debate amplio y serio que pudiera empañar la imagen del Estado. "Y la imagen del Estado es la realidad en la que vivimos y el retorno de los valores soviéticos", afirma Roginski.

Memorial ha localizado algunos de las fosas comunes de las víctimas del terror, pero no hay una política oficial para encontrar los enterramientos. En Rusia hay varios centenares de fosas masivas de los años 37 y 38, de las que se conocen unas veinte y de ellas, solo siete están reconocidas, afirma Roginski. En otoño, Putin visitó una de esas fosas en Bútovo, en la periferia de Moscú. Su visita tendría un sentido real, si se aprobara un programa estatal que contemple la publicación de un libro con los nombres de los represaliados y la búsqueda de los enterramientos.

Considerar la hambruna como el resultado de un "genocidio contra el pueblo ucranio" es una "absoluta hipocresía, porque el hambre que siguió a la colectivización en el territorio de Ucrania, Kazajistán y Rusia es el resultado de la política delictiva de Stalin y de la dirección soviética, que no tenían un carácter étnico, sino social". "La hambruna fue un delito terrible, pero el objetivo no era exterminar al pueblo ucranio", dice.

Con Putin, Rusia exalta su pasado y "se defiende de forma inadecuada negando su culpa". "El conflicto entre memorias no debe centrarse en la culpa, sino en la responsabilidad y la peor interpretación del pasado es la nacionalista", afirma Roginski. Lo difícil hoy no son los hechos sino "la compatibilidad de nuestras interpretaciones". "En la guerra de la memoria, lo más importante es aprender a tener en cuenta el punto de vista del otro. En el caso de la hambruna, habría que escribir que desde el punto de vista de los rusos, fue un crimen cometido por Stalin en la misma medida contra los ucranios, los kazajos y los rusos".

Memorial está a favor de publicar los apellidos de los verdugos, pero, "al hablar de quién apretó el gatillo" Roginski puntualiza que "fue el sistema, porque casi cualquier soldadito pudo hacerlo". "Hay que publicar los nombres de los dirigentes del partido, los fiscales,los jueces, los investigadores del NKVD que durante años recurrieron a la violencia de forma injustificada".

Los libros de texto rusos pueden fijar una interpretación deformada de Stalin, al magnificar el pasado y "prescindir del problema del precio de la modernización y de la victoria". "Stalin es visto como un gran modernizador, un ejecutivo duro pero eficaz". "Es más fácil enterrar a Lenin en otra parte, que sacar a Stalin de la Plaza Roja, porque el 53% de la población lo considera el personaje más insigne de la historia rusa, después de Pedro I".