Caos en un juzgado de Guadalajara

Padece depresiones intermitentes y ha sufrido trastornos de ansiedad que le impiden desarrollar con normalidad su trabajo de juez. El Poder Judicial conoce desde hace nueve años la enfermedad psiquiátrica de A. F., titular del Juzgado de lo Penal de Guadalajara, pero el magistrado, entre baja y baja, sigue poniendo sentencias, aunque con demoras de hasta tres años que han provocado la apertura de dos expedientes contra él. El resultado es un juzgado caótico en el que, además de A. F., tienen que trabajar otros dos jueces: uno atiende el trabajo diario mientras que el otro se dedica a anular los juicios celebrados por el titular que aún no tienen sentencia. A. F., que retiene en su casa unos 25 casos, aparece de vez en cuando para entregar sus resoluciones con cuentagotas. Y lo peor de todo: el servicio de Inspección no lo localiza.

Los problemas de salud de A. F. se manifestaron en 1999, cuando todavía no ocupaba su plaza en Guadalajara, sino que presidía la sección cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. El Consejo lo sancionó por una falta grave de retrasos injustificados. El expediente recogía ya hace ocho años que el juez padecía "un trastorno depresivo recurrente por el que está recibiendo asistencia médico-psiquiátrica, lo que le ha producido una disminución de su impulso vital con incidencia en su producción laboral e intelectual".

Cinco años después, la situación se volvió a reproducir, esta vez en el Juzgado de lo Penal de Guadalajara. La inspección se encontró, en febrero de 2005, con 94 sentencias pendientes de juicios celebrados hasta dos años antes. Los retrasos eran tan graves que se decidió abrir otro expediente disciplinario que, dos años después, todavía no se ha concluido porque su instructor, a pesar de los múltiples requerimientos del Consejo, no lo pudo encontrar para tomarle declaración hasta el pasado 18 de enero (dos años después de que se abriera el expediente). El pasado 9 de abril se decidió hacerle un examen psicológico sin éxito: se desconoce dónde vive.

Más suerte tuvo el instructor del nuevo expediente que se le abrió en 2006, cuando los juicios sin sentencia pasaron a 140. El juez volvió a alegar que padecía una dolencia psíquica que le impedía mantener un ritmo normal, pero el asunto se solventó con una sanción de 1.500 euros por los retrasos. Dos vocales del Consejo reclamaron que se le castigara por falta muy grave, lo que hubiera podido suponer su suspensión, traslado o expulsión de la judicatura.

Visita del presidente

La última noticia del mal funcionamiento del juzgado se tuvo el 30 de enero, cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M), Vicente Rouco, lo visitó encontrándose con que las sentencias pendientes eran ya 203. A. F. se comprometió a acelerar el trabajo pero al tiempo le anunció que en unos días se daría de baja de nuevo debido a su enfermedad. Desde esa fecha no ha vuelto por su despacho.

De los ocho años que el juez lleva en el juzgado, más de uno lo ha pasado de baja debido a su enfermedad (15 meses), según datos del Consejo, sin que ni el Poder Judicial ni el presidente del TSJC-M hayan tramitado su incapacidad. Al contrario, han tratado de solventar la situación mediante parches. El primer fue destinar a ese juzgado como sustituto al titular del Juzgado número 1 de San Clemente (Cuenca), en marzo de 2007, que un mes después pidió ayuda al TSJC-M ante el caos que se encontró en el juzgado, por lo que hubo que nombrar a un segundo juez, el de Menores de Guadalajara, para que anulara los 146 juicios celebrados por A. F. pendientes de sentencia, mientras el primero atiende el juzgado.

Durante los últimos 10 meses que ha pasado de baja, A. F. ha retenido en su poder decenas de expedientes que resuelve poco a poco en su casa. El magistrado aparece periódicamente en el juzgado y entrega las pocas sentencias que va redactando a la secretaria judicial, aunque el propio presidente del TSJC-M le exigió el pasado abril que devolviera todos los autos. En su escrito, el presidente le exigió además que designara "un domicilio real", ante las serias dificultades para localizarlo.