El cambio de jueces demora el caso de fraude electoral en Fanzara

El interrogatorio al alcalde de Fanzara, José Centelles (PP), para que explique su intervención en el empadronamiento de cerca de un centenar de vecinos antes de las elecciones, no se producirá hasta dentro de dos meses. El cambio, por traslado, de jueces en Nules provocó ayer que la declaración, en calidad de imputado, del alcalde se tuviera que posponer hasta el próximo 11 de febrero. El juzgado número 2 de Nules estaba ocupado ayer por una juez sustituta, ya que el pasado lunes la titular cesó de su cargo. El escaso margen de tiempo transcurrido desde su nombramiento como sustituta hasta el momento del interrogatorio ha imposibilitado, según fuentes del caso, el estudio del expediente sobre el que tenía que practicar el interrogatorio. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, el juzgado estaba de guardia y tuvo que atender la puesta a disposición judicial de dos detenidos, que tienen preferencia sobre cualquier otro asunto que tramite el juzgado. El hecho de estar de guardia le ha obligado, además, a celebrar varios juicios rápidos. En cualquier caso, la juez sustituta permanecerá en el cargo hasta que el Consejo General del Poder Judicial designe al nuevo titular, con lo que cabe la posibilidad de que el 11 de febrero la juez haya cambiado de nuevo.

El alcalde imputado, José Centelles, que debía declarar ayer, lo hará en febrero

Centelles acudió al juzgado acompañado de varios dirigentes del PP, así como concejales y vecinos que se encontraron, en la puerta, con una veintena de personas que, procedentes de Fanzara, acudieron a manifestar su protesta por la "actitud" del alcalde. El municipio, en el interior de la provincia, duplicó prácticamente el número de votantes en sólo seis meses. De los 269 que había en septiembre, pasaron a tener derecho a voto 432 personas, lo que lo convirtió en uno de los pueblos sospechosos de haber alterado el censo electoral, al igual que se investiga en Cabanes y Argelita. Para el PSPV, la única intención con la que el alcalde aprobó el empadronamiento masivo fue la intención de ganar las elecciones. Así, después de que el TSJ validara la constitución del Ayuntamiento al considerarse "incompetente" para paralizarla, el edil socialista en la localidad, Roberto Salisa, presentó una querella en la que reclamaba que se actuara contra todos aquellos que fueron responsables del empadronamiento masivo. El juzgado, de momento, ha llamado a declarar al alcalde, aunque no se descarta que, como ha ocurrido en otros casos, cite también a los que, poco antes de las elecciones, se convirtieron en nuevos vecinos de Fanzara domiciliados, en muchos casos, en casas inhabitables y prácticamente en ruinas. Si se opta por tomar declaración a los "nuevos vecinos", la instrucción se puede prolongar durante meses. Cuatro años lleva el caso Fabra en otro juzgado de Nules, el 1, por el que ya han pasado siete jueces.