El traslado de la séptima juez en 4 años eterniza el 'caso Fabra'

El caso Fabra amenaza con eternizarse. La séptima juez que ha investigado los hechos en los últimos cuatro años ha logrado un traslado a otro juzgado. Lo insólito es que su nuevo destino se encuentra escasos metros de su antiguo despacho, en el mismo edificio. Lourdes Noverques, hasta la fecha titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules se hará cargo el viernes del Juzgado número 4 del mismo partido judicial, un departamento de nueva creación que le ha asignado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Noverques ha sido la juez que ha permanecido más tiempo al frente de este juzgado, al que llegó en septiembre de 2005, aunque es la única que ha protagonizado un traslado a petición propia y no por ascenso a plaza de magistrado. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el juzgado número 4 de Nules fue uno de los destinos solicitados por la juez. Sin embargo, no pudieron precisar si fue su primera opción.

La investigación del caso Fabra será cubierta, de forma provisional, por un juez sustituto hasta que sea nombrado el próximo titular, lo que elevará a nueve el número de jueces por cuyas manos hayan pasado las diligencias previas. Será uno de estos dos el que, probablemente, reciba el informe de los peritos inspectores de Hacienda sobre el patrimonio, las cuentas y los ingresos de la familia Fabra. Tras este dictamen, el fiscal podría solicitar la apertura de juicio oral o el archivo de la causa. En cualquier caso, aún está pendiente de llamar a declarar de nuevo el propio Fabra, para interrogarle sobre ingresos en efectivo de hasta 600.000 euros en sus cuentas efectuados en pequeñas cantidades.

El proceso de designación de un nuevo titular demorará la instrucción. Lourdes Noverques se ha convertido de esta manera en la séptima juez que abandona el llamado caso Fabra, en el que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón y provincial del PP por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

La causa se inició con la querella de un empresario que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de gestiones políticas para tratar de agilizar la autorización de productos fitosanitarios. Cuando se cumplen cuatro años desde que se abrieran las diligencias, la causa ha sido instruida por siete jueces y cuatro fiscales.