La promotora Ereaga apuesta por el acuerdo para evitar la liquidación
Un total de 128 de los 160 millones de deuda los prestaron bancos y cajas
El grupo inmobiliario Ereaga apuesta por firmar un convenio con los acreedores, para evitar la liquidación de las 18 sociedades que conforman su entramado de promotoras en seis comunidades autónomas, después de acumular una deuda que supera los 160 millones de euros.
Fuentes conocedoras de la firma indicaron ayer que el grupo tiene capacidad y voluntad para superar la crisis al disponer de activos suficientes para vender y tratarse de una situación provocada por falta de liquidez.
De momento hay 136 fincas inscritas a nombre de las 19 firmas concursadas
En el 'holding' inmobiliario no trabajan más de sesenta personas
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, cuyo titular es Edmundo Rodríguez Achutegui, ha aprobado el concurso voluntario de acreedores para intentar revertir la insolvencia que ha paralizado varias de sus promociones en el País Vasco, Alicante, Murcia, Madrid, Cantabria y Valladolid. El auto ha sido comunicado a los acreedores institucionales como la Hacienda estatal, la Hacienda de Vizcaya, el Fondo de Garantía Salarial y a la Seguridad Social. En el grupo inmobiliario trabajan unos 60 empleados.
Es la primera gran promotora vasca que sufre las consecuencias de la crisis inmobiliaria en España, y cuyo principal efecto en las entidades financieras es que han endurecido sustancialmente las condiciones que ofrecen a las promotoras a la hora de conceder nuevos créditos hipotecarios. La crisis en Estados Unidos de los bancos que se dedicaban a las hipotecas de alto riesgo, las sub prime, ha añadido más incertidumbre al panorama.
Al igual que Ereaga, otras empresas que han sufrido las consecuencias del cambio de ciclo son Llanera en Valencia, y Hábitat, además de Colonial. Todos ellos han tenido que renegociar su deuda. Otros como Royal Urbis o Inbesos han cerrado septiembre con pérdidas.
La matriz del holding inmobiliario Ereaga es la sociedad Caserío Aitzgoyen S. L.
El empresario Josu Jon Susaeta, administrador único de todas las sociedades que componen el grupo inmobiliario vasco dispone de aproximadamente un año para intentar renegociar su deuda.
Ese es el periodo que le concede el proceso concursal, ya que los bancos no pueden ejecutar sus garantías hipotecarias mientras dura el proceso de búsqueda de acuerdos con los acreedores.
De momento son 136 las fincas inscritas en propiedad a nombre de las sociedades concursadas en los registros de la propiedad de Vizcaya, Cantabria, Alicante y Murcia. El juez que dirigirá el concurso, ha ordenado la insricpción del mismo en esos registros, y en los mercantiles de Vizcaya, Madrid y Valladolid.
Fuentes próximas a la empresa insisten en que se pueden vender activos para lograr la liquidez necesaria como para afrontar las obligaciones más inminentes con los bancos, y después renegociar otra parte de las deudas con las entidades financieras.
El grupo Ereaga es una empresa constituida por la familia Susaeta en 1977, a partir de dos pequeñas fábricas de ladrillos que iniciaron su actividad en 1920, en Vizcaya. El actual administrador único es la tercera generación de la familia Susaeta al frente de la sociedad.
Uno de los principales problemas para Ereaga en este momento es que las constructoras exigen pago por adelantado para seguir las obras.
El 80% de la deuda en 16 entidades
El 80% de los 160 millones de la deuda que ha declarado Ereaga, un total de 128 millones de euros, la acumulan 16 entidades financieras con las que trabajaba la promotora. Se tratan de Iparkutxa, BBK, Caja Laboral, Caja Madrid, Caja Murcia, el BBVA, el Banco de Vasconia, Caja Murcia, Kaixa Nova, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Kaixa, Kaixa Catalunya, Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, Bancaja, Banco Popular, la Caja de Ahorros de Navarra y la entidad crediticia, Gesfir, formada por las tres cajas de ahorros vascas y la sociedad Gesinar.
La Administración concursal, en manos de un abogado, un auditor y de la Diputación Foral de Vizcaya, deberá elaborar, en un plazo de dos meses, un informe donde se recojan, por una parte, los activos del grupo y, por otra, los acreedores del grupo. Una vez concluido ese tiempo, los acreedores que no estén conformes podrán impugnar, a través del incidente concursal, la decisión de los administradores. Tras resolverse, se convocará la junta de acreedores para intentar llegar a un acuerdo entre el grupo y los acreedores sobre la posibilidad de que les perdonen o les aplacen el pago de la deuda.
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