Las mayorías inciertas

El Senado vetó esta semana la ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2008, que había sido aprobada anteriormente por el Congreso. La propuesta de CiU fue respaldada por ERC, Coalición Canaria y Eusko Alkartasuna; sólo la alianza con el PP, sin embargo, podía dar la mayoría absoluta a esa multicolor iniciativa nacionalista: ciertamente la política suele servir de Celestina a extraños compañeros de cama redonda. La demediada capacidad legisladora del Senado explica que el Congreso pueda levantar la interdicción por mayoría absoluta en su próximo pleno; si fracasara en el intento, la disolución de las Cortes el 14 de enero le impediría llamar por segunda vez al timbre -le hubiese bastado entonces la mayoría simple- dos meses después de interponer el veto.

El veto del Senado a los Presupuestos Generales sólo podrá ser levantado por la mayoría absoluta del Congreso

Hay buenas razones para suponer que el Pleno del 20 de diciembre reunirá los 176 votos del Congreso necesarios para desbloquear los Presupuestos Generales vetados por el Senado. En tal caso, la única consecuencia práctica de la operación de rescate habría sido el ahorro del tiempo de debate que se hubiese necesitado para debatir las casi 5.000 enmiendas decaídas de la segunda lectura senatorial, como las partidas negociadas por el Gobierno con el PNV y el BNG tras la aprobación de la ley presupuestaria en el Congreso.

Sin embargo, los realineamientos de los grupos parlamentarios (el diablo acostumbra a mover el rabo en las postrimerías pre-electorales de la legislatura) o las enfermedades y viajes de los diputados imprescindibles para formar la mayoría absoluta podrían torpedear el alzamiento del veto. El resultado sería la prórroga de los Presupuestos Generales de 2007, una eventualidad ya producida en 1995. En tal caso, asistiríamos a la paradoja de que el nacionalismo de CiU y ERC resultase el principal culpable del retroceso a niveles de 2007 de los ingresos para Cataluña incrementados en las partidas de 2008. El pago de la subvención de 3.500 euros por nacimiento quedaría aplazado; la puesta en marcha de la Ley de Dependencia también sufriría una demora. Para colmo, los contribuyentes se verían perjudicados a consecuencia de la supresión de la deflactación de la tarifa del IRPF.

Las principales incertidumbres reinantes en torno a las legislativas del 9-M se refieren por el momento a la distancia en términos de votos y -sobre todo- de diputados que pudiera separar al ganador del colocado en la carrera electoral. Casi todos los pronósticos descartan una mayoría absoluta del PSOE o del PP. El veto por el Senado de los Presupuestos Generales del Estado y las estrategias del Gobierno para conseguir su levantamiento por el Congreso preludian la dificil travesía de una próxima legislatura sin mayoría absoluta, sólo paliada en el supuesto de que el vencedor en las urnas consiguiera una mayoría suficiente capaz de proporcionar a su mandato la estabilidad necesaria para conducir sin apuros un calendario legislativo coherente con su programa electoral. -