Los procesados ya pueden ver la cara de sus jueces en México

La Cámara de Diputados mexicana aprobó el miércoles por la noche, después de discusiones interminables, la reforma judicial más ambiciosa en muchas décadas, que modifica 11 artículos de la Constitución, introduce los juicios orales, agiliza los procesos y abandona un modelo inquisitivo, para dar paso a un sistema garantista, de corte acusatorio y oral. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, consideró, sin embargo, que la reforma es un retroceso porque limita las garantías individuales al permitir el registro domiciliario sin orden judicial. El texto era discutido anoche por el Senado.

Pese a la división de opiniones, el texto aprobado por iniciativa del presidente Felipe Calderón es un paso sin precedentes para devolver a los ciudadanos la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia. "Un sistema de juicios orales en el que el juez escucha a las partes es más confiable que un sistema opaco y escrito como el actual", señala el nuevo articulado.

Entre los cambios introducidos destaca el reconocimiento de la presunción de inocencia, la prisión preventiva como una excepción y no una regla, el nombramiento de "jueces de control" para agilizar la ejecución de las diligencias y el decomiso de activos del crimen organizado que se consideren instrumento, objeto o producto del delito.

El derecho de toda persona acusada penalmente a ser escuchada en audiencia pública de manera expedita y por un juez imparcial, que se contempla en la Constitución desde hace 90 años, nunca se aplicó. La presunción de culpabilidad ha predominado sobre la presunción de inocencia en juicios de opereta, con procedimientos eternos y burocratizados. Un muestreo del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) realizado en 2006 en las cárceles del Distrito Federal, Estado de México y Morelos revela que el 80% de los imputados nunca vio al juez. La misma investigación muestra que el 82% de los procesados está en la cárcel por robos de menos de 500 dólares (340 euros).

El diputado César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), subrayó que la reforma da a los ciudadanos la oportunidad de acudir directamente a los tribunales, sin la intervención del Ministerio Público, "que tenía el monopolio de la acción penal". "Es una reforma de hondo calado", añadió, "que México necesitaba desde hace años. No se tenían los instrumentos idóneos para combatir la delincuencia, y se los estamos dando ahora". El texto aprobado subraya que la delincuencia ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia y pide figuras jurídicas modernas y eficaces.

Los aspectos más criticados de la nueva ley son la luz verde a los registros y allanamientos domiciliarios sin una orden judicial escrita, si en el interior hay personas en peligro o se persigue a un delincuente descubierto en flagrante. Esta medida hace temer desmanes de la policía, que en México es una de las instituciones más denostadas.

Asimismo, se amplía el límite de detención de un acusado de un delito de delincuencia organizada de 40 a 80 días. Se trata de una figura jurídica controvertida y que, en la práctica, impide llevar ante el juez al detenido, al que se investiga durante un periodo prolongado sin garantías.

Amerigo Incalcaterra, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció los avances de la reforma, pero no ocultó su preocupación ante el rango constitucional que adquieren medidas excepcionales lo que, en su opinión, viola los compromisos internacionales de México.