El Abogado del Estado pide que se juzgue a De la Rosa por Grand Tibidabo

La solución, el próximo 14 de enero. Ese día, la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona anunciará si acepta o no la petición que realizó ayer el Abogado del Estado para celebrar juicio por la descapitalización de la empresa Grand Tibidabo o si, por el contrario, zanja el caso con condenas menores para el financiero Javier de la Rosa y otros cinco acusados. La fiscalía, las defensas y todas las acusaciones ratificaron ayer ante el tribunal el pacto extrajudicial para evitar el juicio. El acuerdo prevé una condena de tres años por apropiación indebida para De la Rosa, la absolución de su esposa, Mercedes Misol, y de Carolina Malagelada, y un año de cárcel por el mismo delito para Joan Cruells, Arturo Piñana, Ramón Fiter, Florencio Cerdà y Manuel Prado y Colón de Carvajal.

El acuerdo también incluye la retirada del delito fiscal que imputaba la fiscalía a todos los acusados, y es ahí donde el Abogado del Estado se opuso con rotundidad y pidió que se celebre el juicio. Las defensas se opusieron de manera contundente y pidieron al tribunal que no tenga en cuenta la petición y dicte una sentencia de conformidad que recoja el pacto.

"Es una vulneración del derecho de defensa", proclamó Francesc Jufresa, abogado del financiero. "Es un verdadero disparate jurídico, un abuso de derecho y carece de sentido", remachó el abogado defensor Emilio Zegrí para referirse también a la petición de la Abogacía del Estado.

La fiscalía ha retirado la acusación de delito fiscal porque lo considera incompatible con el de apropiación indebida que admiten los acusados. Esa incompatibilidad está recogida en una sentencia que dictó el Tribunal Supremo en 2001 en el caso del ex presidente de Cantabria Gabril Urrarburu. Trasladado a este caso, la fiscalía sostiene que De la Rosa y el resto de los acusados vaciaron las arcas de Grand Tibidabo y que no se les puede exigir que declarasen a Hacienda el dinero sustraído a través de operaciones de ingeniería financiera desarrolladas en tres etapas.

Primero, para hacerse con el control de Grand Tibidabo a través del Consorcio Nacional de Leasing, durante el año 1991. Posteriormente, entre 1992 y 1993 para vaciar las arcas de la compañía y, finalmente, para acabar dejando a la sociedad en situación de quiebra durante 1994. Las cantidades apropiadas superan los 68 millones de euros y se causó un grave perjuicio a más de 8.000 pequeños accionistas. El pacto incluye que puedan acudir a la vía civil para resarcirse, aunque eso será muy difícil dada la ristra de condenas que acumula De la Rosa con millonarias indemnizaciones.

La fiscalía insistió ayer en que el pacto no debe interpretarse como una renuncia y recordó que se han considerado las circunstancias atenuantes de reparación del perjuicio causado -algunas de las sociedades instrumentales fueron entregadas a otros gestores-, y las dilaciones indebidas en la tramitación de la causa, porque han pasado ya 13 años desde los hechos.