Críticas feministas al fondo de pensiones del Gobierno

Cuando una pareja se separa, uno de los dos se queda con la custodia de los hijos, cuando los hay, y el otro tiene que pasar una pensión de alimentos. A veces, el que tiene que hacerlo no quiere -o no puede- pagar. El otro puede acudir a los tribunales para exigirlo, pero si el deudor no tiene nómina, poco se puede hacer. El Gobierno anunció el viernes que constituirá en 2008 un fondo de garantía de pensiones de alimentos para estos casos. La idea es que el Estado adelante parte del dinero a los que no consiguen cobrar de los morosos. Según el real decreto aprobado el viernes, cada hijo de separado podrá cobrar hasta un máximo de 100 euros al mes, durante 18 meses, cuando su progenitor no pague.

La ayuda, no para todos

Las asociaciones de mujeres -que son las que de forma mayoritaria tienen la custodia de los hijos y las que llevan años reivindicando que se constituya este fondo de garantía de pensiones- encuentran varios problemas. En primer lugar, critican que la ayuda no llegará a todas las familias. "No es cierto que cada hijo de separado tenga asegurados los 100 euros", señala Altamira Gonzalo, presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis. "No sabemos cómo ha quedado el texto definitivo porque el Gobierno no ha dado detalles, pero desde luego en el borrador se establecían unos límites ridículos para poder cobrar". Señala que sólo tendrán derecho a la ayuda las personas con ingresos máximos de entre 700 y 900 euros mensuales dependiendo del número de hijos."Esto dejará fuera a la mayoría de la gente", añade Gonzalo.

Además, se critica la cuantía, máxima, de 100 euros al mes. "Con este dinero no se puede criar a un niño", señala abogada y presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Consuelo Abril. "Es una cantidad muy baja a la que, además, sólo pueden acceder los menores de edad o mayores con un alta minusvalía. ¿Qué pasa con los hijos de 19 o 20 años que todavía son económicamente dependientes de los padres?", se pregunta.

Las asociaciones señalan que la medida parece una subvención cuando en realidad es un adelanto que se hace al progenitor que tiene la custodia. "Después, el Estado puede cobrar del deudor lo que ha pagado", concluye Abril.