Jornaleros al margen de la ley

Cientos de inmigrantes se citan cada mañana en distintos puntos de la Comunidad Valenciana a la espera de que les recojan para trabajar en la construcción, el campo o los servicios. La realidad es diversa y difícil de acotar. Son zonas de encuentro de inmigrantes, algunos tienen papeles y contrato, pero junto a ellos se encuentran el lumpen del lumpen. Los sin papeles, sin contrato y sin documentación a la espera de que el dedo del capataz les señale para poder ganarse el jornal diario. La mayor parte de la mano de obra es irregular y precaria, que cobra según el trabajo y la hora a la que los contratan. Cuando más tarde les recogen menos cobran. La economía valenciana también recurre a los trabajadores más vulnerables. Y entre los intermediarios hay incluso inmigrantes.

A primera hora de la mañana una decena de inmigrantes espera en la avenida del Pintor Gastón Castelló de Alicante a que les recojan. Uno de los bolivianos que está ocupado en la recogida de granada en Totana (Murcia) dice que le gustaría regularizar su situación para volver a su país a ver a los suyos. Gana entre 4,8 euros y seis euros a la hora. Pregunta si pasa la Policía por esa zona.

Más dura es la situación de los subsaharianos que cada día esperan sentados para trabajar, especialmente en la carga y descarga, en el polígono Carrús de Elche. Dos proceden de Senegal y Mauritania y llegaron vía Canarias. Su situación es particularmente vulnerable porque ni pueden ser repatriados a su país ni regularizarse. Dicen que hay poco trabajo y el salario es muy variable: "Arriba del camión 25 euros al día, abajo 35 euros", comenta uno. Trabajadores españoles del polígono explican el número de extranjeros y la nacionalidad varía y aseguran también que "de vez en cuando viene la policía y hace redadas, pero a la semana están igual". "Se está creando un sector laboral de la mano de inmigrantes explotados y por primera vez se está haciendo a la luz del día", denuncia Carlos Gómez Gil, director del Observatorio de la Inmigración de la Universidad de Alicante. Gómez Gil lamenta la "pasividad de la autoridad laboral" ante esta realidad. Explica que la llegada de la inmigración "alimenta" una economía sumergida que en esta provincia ha tenido tradicionalmente "mucho peso".

También alerta de que cuanto más avanza la recesión en algunos sectores, menos empleo hay. Hecho que afecta más a los inmigrantes, generando "mano de obra más precaria". El responsable de inmigración de CC OO en L'Alacantí, Salvador Roig, comparte la preocupación por la evolución del mercado laboral y pide un refuerzo de los sistemas de protección social.Roig lamenta "la falta de recursos de la administración para acotar la proliferación de estas bolsas de trabajo y combatirlas". Insiste en que carecer de papeles "no significa que no se tengan derechos laborales" y anima a los inmigrantes a denunciar. La patronal Coepa defiende su demanda de que se cumpla la ley y que los empresarios sólo contraten trabajadores con permiso de residencia. Dice que lo contrario son casos "aislados".

La movilidad es una realidad para muchos trabajadores. Donald, un boliviano que se cita, como otros, en los aledaños del Hospital General de Alicante para trabajar en la construcción, recuerda que ha llegado a trasladarse a obras en Cullera (Valencia). Donald defiende que el trabajo en la construcción está mejor pagado. "Unos tienen contrato, otros no", resume.

Y en la plaza de Sanchis Guarner de Valencia, el principal punto de encuentro, la mayoría procede de Malí o Senegal y se emplea en el campo. Su destino suele ser una explotación agraria próxima, pero pueden desplazarse igual a Nules o a Benidorm. Otros, suramericanos, trabajan más en la construcción. Luis Poveda, de CC OO, cuenta que a ese punto de la ciudad acuden tanto los que tienen permisos de residencia y trabajo, y esperan ser recogidos por sus patronos, como los que no tienen y madrugan con la esperanza de que alguien les proporcione faena por uno o varios días.

El tipo de trabajo y la fórmula de contratación que sufren hacen que "el nivel de explotación sea mayor que en otros colectivos". Así, pueden trabajar a destajo recogiendo cajas por entre 40 ó 50 euros diarios. Y si el día sale mal se pueden quedar en sólo 30. "Incluso corren el riesgo de que no les paguen", explica el sindicalita. No es extraño que desde CC OO llamen a algún patrón para recordarle que debe pagar el trabajo efectuado, si no quieren sufrir una denuncia. "La legislación laboral otorga los mismos derechos a los trabajadores sin permisos de residencia o trabajo, siempre que se demuestre la relación laboral con el empleador", subraya Poveda.

En Castellón, la "recogida" de trabajadores se realiza, especialmente, en dos puntos. En la ronda Magdalena, bajo la lona de la terraza de un bar conocido por sus almuerzos, se apiñan, alrededor de las 7.30, grupos de inmigrantes a la espera de que pase una de las furgonetas de los patronos que les requieren para trabajos puntuales y, la mayoría de las veces, con una temporalidad mínima. Entre este colectivo, la mayor parte son contratados. En época de recolección de cítricos, los grupos se incrementan y muchos de ellos han pasado a ocupar, también, una de las esquinas del parque Ribalta En este punto, la situación laboral es mucho más diversa y hay muchos inmigrantes sin contrato.

Información elaborada por María Fabra, Federico Simón y Rosa Biot.