Bruselas insta a España a retirar las condiciones de la compra de Endesa

La Comisión Europea conminó ayer a España a retirar, antes del próximo 10 de enero, cinco de las condiciones impuestas a Enel y Acciona para su adquisición de Endesa, por estimar que violan el reglamento de concentraciones y, por tanto, son incompatibles con el derecho comunitario. De no cumplir España, Bruselas abrirá el procedimiento que termina ante el Tribunal de Luxemburgo.

El Ejecutivo comunitario fue muy duro al dar cuenta de los hechos, hablando casi en términos de nocturnidad y alevosía en la actuación del ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos respondió a un recurso del tándem comprador italo-español sobre las condiciones impuestas en primera instancia a la compra por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) adoptando modificaciones parciales "sin la comunicación previa a la Comisión ni su aprobación", según el comunicado con que ayer se daba cuenta del emplazamiento a España.

A pesar de esa falta de comunicación y de aprobación, los servicios de la Comisión entraron a revisar con lupa el paquete de restricciones fijado por Clos y comunicaron a España la batería de violaciones detectadas. Madrid respondió a estas alegaciones y tras una nueva evaluación, Bruselas sigue ahora manteniendo que las condiciones continúan violando el artículo 21 del Reglamento de la UE sobre concentraciones y que son incompatibles con las normas relativas a la libre circulación de capital, la libertad de establecimiento y la libre circulación de mercancías.

Bruselas identifica las cinco condiciones que deben ser modificadas de aquí al 10 de enero. Son la obligación de mantener a Endesa como empresa independiente, incluida su marca, y su centro de toma de decisiones en España; la limitación en el coeficiente de servicio de la deuda de la firma adquirida; la limitación en cuanto a la política de distribución de los dividendos de Endesa; la obligación de que algunos de los activos de generación de Endesa compren ciertas cantidades de carbón nacional, y la obligación de conservar los activos de los sistemas de electricidad insulares y no continentales dentro del grupo de Endesa.

Tras la decisión de Bruselas, Industria, que no descarta recurrirla, se reafirmó en su postura de que las condiciones impuestas a Enel y Acciona son conformes a derecho. El PP, por su parte, vaticinó posibles sanciones cuantiosas contra España, mientras Enel y Endesa subrayaron que acogían con calma la postura de Bruselas.