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El fallo del Supremo sobre Botín deja sin base legal la causa contra Ibarretxe

La acción popular no podrá acusar si no lo hacen el fiscal o algún perjudicado

El Pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo resolvió ayer, por nueve votos a cinco, que la acción popular no puede sustentar la acción penal en solitario, si no va acompañada del Ministerio Fiscal o de la acusación particular.

La decisión el Tribunal Supremo se refiere al recurso presentado contra el sobreseimiento del caso de las cesiones de crédito contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, que ha quedado definitivamente exonerado de responsabilidad. Pero según fuentes del Supremo, el criterio es aplicable a todos los procedimientos abreviados, y singularmente a dos de los más polémicos: el seguido contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por el Tribunal Superior del País Vasco, y el abierto por la juez de Madrid Gemma Gallego por el caso del ácido bórico, dos procedimientos abreviados pendientes de juicio oral.

La votación, por dos tercios de la sala a favor de limitar el ejercicio de la acción popular, no tuvo adscripciones ideológicas concretas, ya que entre los discrepantes hay magistrados de progresistas, conservadores y centristas. Votaron en contra de limitar el ejercicio de la acción popular el ponente inicial, Julián Sánchez Melgar, y los magistrados Joaquín Delgado, Perfecto Andrés Ibáñez, Miguel Colmenero y José Manuel Maza. La ponencia pasó al magistrado de mayor antigüedad, Enrique Bacigalupo, que redactará la resolución en menos de dos semanas, según fuentes del alto tribunal.

El Supremo ha entendido que la acción popular es un derecho constitucional previsto en el artículo 125 de la Constitución, pero no es un derecho fundamental, y la ley señala los casos en que puede ejercitarse. En el procedimiento abreviado, la interpretación del alto tribunal es que no puede abrirse juicio oral si sólo lo solicita la acción popular y no lo hacen el Ministerio Fiscal, que defiende el interés público, o la acusación particular del perjudicado u ofendido por el delito, que defiende su propio interés.

En consecuencia, el Supremo confirma el sobreseimiento del caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, procedimiento dirigido contra Emilio Botín, otros dos directivos y una veintena de clientes, que ya regularizaron su situación con la Agencia Tributaria. El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado habían pedido el sobreseimiento en un procedimiento en el que sólo ejercía la acusación popular una entidad denominada ADIC. El tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, sobreseyó la causa.

Según el auto de sobreseimiento de la Audiencia, confirmado ahora por el Supremo en el procedimiento abreviado, "no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal, bien el acusador particular, entendiendo por perjudicado u ofendido no sólo el titular del bien jurídico protegido sino todo afectado de modo directo o subjetivo por el delito, sea persona física o jurídica".

Según fuentes del Supremo, aunque la resolución afecta sólo a Botín, el criterio sentado ayer es el seguido por el "máximo intérprete de la legalidad ordinaria", sobre una cuestión que no había sido analizada hasta ahora, pero sobre la que ya existe una "interpretación última" por parte del tribunal. Las mismas fuentes declinaron confirmar si afecta al caso Ibarretxe, aunque señalaron que las conclusiones son "evidentes".

Según las fuentes consultadas, el Tribunal Superior vasco, previsiblemente, tendrá que sobreseer la acusación contra el lehendakari. Otra cosa es cuándo lo haga: si antes o después de la foto de Ibarretxe en el banquillo. En el Supremo ya causó malestar que el Tribunal Superior del País Vasco ignorase un auto en un caso similar que archivó una querella contra Zapatero, a pesar de que los abogados del lehendakari pidieron que se aplicase aquella doctrina y no se celebrase la vista, dado que la acusación sólo la sustentan las acusaciones populares del Foro Ermua y de Dignidad y Justicia. La resolución del Supremo y los votos discrepantes se conocerán en los próximos días.

CONTRA ETA

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, encabezó ayer la concentración celebrada ante la sede del Gobierno vasco en Vitoria en repulsa por el atentado de ETA en Francia. La portavoz de su Ejecutivo, Miren Azkarate, exigió a la banda que abandone definitivamente las armas y busque de modo "realista" una salida a la situación de sus presos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 4 de diciembre de 2007

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