Fuertes discrepancias entre las asociaciones de jueces progresistas y conservadores

La decisión de ayer del Tribunal Supremo de exonerar al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en el caso de las cesiones de crédito, y las posibles consecuencias que pueda tener en el caso abierto contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y los representantes del PSE, Patxi López y Rodolfo Ares, por reunirse con Batasuna, dividió ayer a las dos principales asociaciones de magistrados.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, afirmó que sería "bastante razonable y sensato" que, a la vista de la decisión del Tribunal Supremo de confirmar el archivo del caso Botín, el juez instructor del caso Ibarretxe "cambiara de criterio y dejara sin efecto la apertura de juicio oral".

Tapia explicó, en declaraciones a Europa Press, que "el juez tiene que hacer una proyección y ver qué posibilidades hay de que una persona que se siente en el banquillo sea condenada". "Como ahora se incrementan las razones para que no sea condenado, sería bastante razonable y sensato que pudiera el juez hacer este cambio de criterio y dejar sin efecto la apertura de juicio oral".

El presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en el País Vasco, Luis Garrido, aunque no se refirió de forma explícita al contencioso de Ibarretxe, tachó de "sorprendente y criticable" la decisión del Supremo de ratificar el archivo del caso Botín porque "deja sin contenido" la actuación de la acusación popular para realizar actuaciones, en caso de que no haya acusación particular o de la fiscalía.