El Constitucional acusa al PP: "Intento de abuso de derecho y fraude procesal"

La maniobra del PP para recusar a tres magistrados progresistas del Constitucional y conducir al bloqueo a este organismo basándose en una información falsa de El Mundo fue calificada ayer por el propio tribunal como un "intento de abuso de derecho o fraude procesal".

La maniobra del PP para recusar a tres magistrados progresistas del Constitucional y conducir al bloqueo a este organismo basándose en una información falsa de El Mundo fue calificada ayer por el propio tribunal como un "intento de abuso de derecho o fraude procesal". Así se establece en el auto que el Constitucional hizo público con los argumentos jurídicos que fundamentan el rechazo a limine (de plano) de la triple recusación de los populares. El Tribunal tiene "fundadas sospechas" de que las recusaciones se formularon "para alterar la composición del Pleno". Además, el Constitucional admitió a trámite la recusación de dos magistrados presentada por el Gobierno.

El auto, redactado por el presidente en funciones, el conservador Vicente Conde Martín de Hijas, destapa la supuesta "táctica procesal" del PP consistente en "unificar las recusaciones formuladas por ellos con las del Gobierno", aunque, dice el auto, "se trata de hechos distintos". Por eso, la petición de acumulación de recusaciones que hizo el PP "carece de cobertura legal" y supone "un uso desviado de las normas del proceso". El rechazo a esa pretensión del PP se justifica, además, porque "no existe norma legal que obligue al Tribunal a un pronunciamiento previo" sobre la acumulación.

Los reproches del Constitucional se endurecen al examinar lo que el PP calificó como "irregularidades en la preconstitución de prueba". Se trata de la carta firmada por seis magistrados en la que desmintieron la información de El Mundo relativa a que Sala, Aragón y Tremps se habrían mostrado a favor de la prórroga legal del mandato de la presidenta del Tribunal. El Constitucional considera "difícilmente repetible" que se recuse a unos magistrados "por conversaciones de los mismos acaecidas en el seno interno del Tribunal" de los que "sólo ellos son los primarios conocedores y sólo a través de ellos pueden ser conocidas por sus compañeros". Pero en todo caso, considera procesalmente válido "que los protagonistas del hecho comuniquen la falsedad del mismo al resto de los miembros del Tribunal".

Para el Constitucional, si de lo que trata es de "reaccionar frente a los intentos de alterar la composición del Tribunal", sería contrario a ese objetivo "que a los magistrados pueda imponérseles el silencio" y se tramitasen unas recusaciones "sin otra base que una información de un periódico sin firma de autor ni de fuente".

Sobre la información publicada por El Mundo, agrega que "ha sido rotunda y tajantemente desmentida" por todos los magistrados que han participado en la reunión, "privándola totalmente de la necesaria e imprescindible fundamentación fáctica". Por tanto, la no aportación de un principio de prueba "ha de determinar en este momento su inadmisión a limine". En todo caso, agrega, "las conversaciones de magistrados "no son datos de hecho suficientes para basar una recusación".

El Tribunal dedica un apartado final al comisionado del PP, Ignacio Astarloa, al que reprocha haber proclamado en diversos pasajes de las alegaciones del PP que las recusaciones eran una "reacción" frente a las formuladas por el Gobierno contra los conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata.

Para el Tribunal, estas afirmaciones son un "uso indebido de un instituto tan importante como es la recusación" y una "instrumentalización" que persigue el reequilibrio del pleno. El Tribunal exige taxativamente a Astarloa que "guarde el respeto que institucionalmente le es debido al Tribunal". El pleno que dirimirá ese recurso tiene mayoría progresista (cinco magistrados frente a tres).