El PNV apoya por unanimidad la consulta popular del 'lehendakari'

El PNV culmina hoy, con la proclamación de Íñigo Urkullu como nuevo presidente de su ejecutiva nacional, el largo proceso asambleario que inició el pasado mes de junio. El partido ha logrado salir de él con la unidad interna a resguardo gracias a la renuncia de Josu Jon Imaz a repetir en el cargo y de su rival Joseba Egibar a pugnar por él, y al pacto en la ponencia política entre los dos sectores del partido.

El documento, que incluye la defensa del derecho a decidir y su ejercicio a través de una consulta popular, fue aprobado ayer por unanimidad en la quinta Asamblea General, que reunió en Bilbao a 666 compromisarios, 447 con derecho a voto.

El documento había recibido 443 enmiendas, de las que 145 llegaron al plenario y 138 se transaccionaron. Ninguna de ellas introduce cambios significativos al texto, aseguró la dirigente Josune Ariztondo, quien ejerció de secretaria y portavoz de la asamblea. Tampoco revisten interés las siete no acordadas, siempre según sus palabras, ya que no se facilitó a la prensa ni su contenido ni el resultado concreto de las votaciones.

La asamblea rechaza modificar el régimen de incompatibilidades

La ejecutiva sufrió, sin embargo, un revolcón significativo de última hora en la ponencia de organización, redactada por la propia Ariztondo: la asamblea rechazó modificar el régimen de incompatibilidades para hacer más visibles a los cargos internos del partido permitiéndoles incorporarse a cargos de representación parlamentaria.

Tampoco logró la mayoría sacar adelante los cambios que proponía para fortalecer a la dirección nacional frente a las territoriales. El sector soberanista de Egibar se ha hecho fuerte en estas últimas. "En la práctica, son los representantes institucionales quienes establecen los objetivos y el hilo estratégico de los grandes temas políticos (...) Los órganos del partido tienen graves dificultades para abordar el seguimiento de las políticas de las instituciones", recogía como crítica la ponencia de organización.

Las modificaciones pretendían recuperar iniciativa y poder de influencia y decisión para el partido, dentro de la tradicional bicefalia peneuvista, y equilibrar la transferencia de liderazgo político que se ha producido hacia su representación institucional, singularmente en el caso del lehendakari Ibarretxe. Las otras dos ponencias (sociedad y política cultural) se aprobaron sin mayores problemas.

La ponencia política, que establece el marco para la actuación del PNV los próximos cuatro años, es el fruto de una situación de alta tensión desvelada el pasado mes de julio con un artículo de prensa en el que Imaz se oponía claramente a la celebración de la consulta postulada por el lehendakari Ibarretxe, y también del decidido pulso que libró en verano el lehendakari en defensa de ella, apoyado en el sector más soberanista de la formación.

Ese pulso se saldó con la renuncia de Imaz, el acuerdo en la ponencia aprobada ayer y la aceptación de Urkullu como candidato de consenso.

¿Quiere esto decir que el PNV ha saldado sus diferencias internas y que sus dos tradicionales almas, la pactista y la soberanista, salen de la asamblea fundidas en una sola? La respuesta es, claramente, no. Por ello, el documento entremezcla en sus contenidos ambas opciones, en una indefinición causada por la necesidad de primar la salvaguarda, aunque sea temporal, de la unidad, sobre la claridad de posiciones.

Egibar exigió en su día a la mayoría encabezada por Imaz un acuerdo previo en la ponencia política si quería evitar la reedición de la cruenta batalla interna de 2004 en la elección del presidente y de la ejecutiva.

En el lado positivo para la nueva dirección, en la que tendrá mayoría Urkullu, figura el hecho de que la misma ambigüedad del documento le otorga un amplio margen interpretativo a la hora de la aplicación práctica de las pautas que marca.

La ponencia hace mención expresa de la consulta popular, que se califica como "deseable" ante "posibles situaciones de bloqueo" en el diálogo entre los partidos en Euskadi y entre los gobiernos vasco y central para el ejercicio sobre el derecho a decidir. Con esas precisiones terminológicas jugará el debate interno cuando llegue la hora de la verdad. También rechaza el "falso argumento de que mientras exista ETA no se podrá abordar el contencioso vasco".

La ponencia reivindica en dos citas la validez del plan Ibarretxe, aprobado por el Parlamento vasco y rechazado por amplísima mayoría en febrero de 2005 en el Congreso. Tiene "contenidos suficientes", afirma el texto, "para abordar la solución del conflicto político vasco". El lehendakari sorprendió con la mención de ese plan al presidente del Gobierno en su última entrevista, en octubre.

La ponencia señala como meta "el reconocimiento de Euskadi como sujeto político con capacidad de decisión, superando el estatus y condición política y administrativa de parte subordinada del Estado".

Respecto de la violencia, el documento aboga por "seguir trabajando por un final dialogado", pero señala que debe empezar por el abandono definitivo de las armas por parte de ETA.