El 97% de las mujeres que abortan en Cataluña lo hacen en centros privados

Pocas mujeres abortan en la sanidad pública. El 97% de los abortos legales en Cataluña los realizan los centros sanitarios privados. Tan sólo el 2,8% se llevan a cabo en hospitales públicos. Estos centros hospitalarios no se niegan a efectuar estas interrupciones, explican sus responsables, quienes aseguran que hay muchos casos que no llegan a la sanidad pública.

Pero ¿qué mujeres son candidatas a abortar dentro del sistema de la sanidad pública? María Luisa de Lapuente, directora de Planificacion y Evaluación de la Generalitat, explica que sólo se deriva a los hospitales públicos las mujeres que están dentro de los tres supuestos que prevé la ley: violación, malformaciones del feto y peligro para la salud de la madre.

Sobre el tercer supuesto, que incluye la salud psicológica de la mujer, existe un pacto no escrito en el sector. En el caso de la salud mental, el modelo público catalán "prevé solamente los riesgos derivados de problemas psicológicos realmente graves", afirma De Lapuente. Por tanto, entrarían en este supuesto las mujeres con problemas psicológicos graves diagnosticados, pero, en cambio, no se tendría en cuenta a aquellas mujeres para las que tirar adelante el embarazo pueda causar trastornos psicológicos.

Margen para la polémica

Este supuesto sobre la salud mental de la madre es el que deja margen para la polémica. A juicio de Mirentxu Corcoy, catedràtica de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, "la mayoría de supuestos para abortar son por salud psíquica, y ahí es difícil que el médico de la pública entre a diagnosticar". Corcoy asegura que esto es lo que comporta que se acabe enviando a la sanidad privada a mujeres que no entran en la pública por no presentar problemas graves. "Es una hipocresía total que a todo el mundo interesa", añade.

Santiago Barambio, representante de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrrupción del Embarazo (ACAI), recuerda la definición de salud de la OMS: "Salud es el estado de bienestar físico, psíquico y social, y no la mera ausencia de enfermedades y afecciones, con lo que para una mujer que se encuentra en el paro o con otros problemas el embarazo también le supone un riesgo".

Barambio cree que los riesgos para la salud psicológica de la madre no se evalúan bien en la sanidad pública: "El psiquiatra diagnostica patologías ya existentes, no certifica el riesgo que puede generarse para la mujer si ésta tira adelante con su embarazo".

Ese pequeño porcentaje de mujeres que abortan en la sanidad pública llega principalmente a través de los Centros de Salud Sexual y Reproductiva y de los médicos de familia de los Centros de Atención Primaria. De acuerdo con datos del año pasado del registro de la Generalitat sobre interrupción voluntario de embarazo de 2006, aunque el 97% de las mujeres abortan en centros privados, el 43% ha pedido información en centros públicos. Muchos especialistas facilitan a las mujeres que consideran que no reúnen los requisitos para abortar listas con las clínicas acreditadas. "Los protocolos dicen que hay que asesorar dentro de lo que marca la ley, pero yo no puedo decir qué hace cada profesional", afirma Lapuente.El hecho de acudir a la privada se debe en parte a que muchas mujeres prefieren el anonimato que les dan las pequeñas clínicas y las facilidades que ofrecen sus médicos. "La objeción de conciencia no es la causa de estas cifras. Muchas mujeres no quieren abortar en sus hospitales de referencia por una cuestión de confidencialidad", afirma Dolors Costa, adjunta a la Dirección de Evaluación y Planificación Sanitaria.

Un aborto de menos de 12 semanas, es decir, el 87% de los que se realizan en España, cuesta entre 280 y 400 euros en una clínica privada. Hace cuatro años la ley del aborto pasó por el Congreso para votar la inclusión en la ley de un cuarto supuesto, el socioeconómico, que no fue aprobado. Pero Cataluña tiene un programa para ayudar a las mujeres con dificultades a través de la Asociación Salud y Familia, que financia entre el 25% y el 100%.

Defensa de lo público

Los hospitales públicos defienden su trabajo. "Una mujer nunca encontrará un problema para abortar en un hospital público cuando se trate de una malformación o una patología fetal", explica Eduard Gratacós, jefe de obstetricia del hospital Clínic. Este centro realiza una media anual de 250 interrupciones, la inmensa mayoría por patología fetal. "La realidad es que una parte importante quiere abortar por voluntad propia y la ley esto no lo prevé".

Otro de los hospitales con mayor número de interrupciones legales es Vall d'Hebron. Una media de 450 al año, el 80% por malformaciones fetales. El hospital Sant Joan de Déu es un centro confesional y no realiza abortos. El hospital de Bellvitge tampoco pero porque no tiene servicio de obstetricia.

La ley suscita todo tipo de opiniones entre los médicos. "La ley no prevé el aborto como un método contraceptivo. O la respetamos o hacemos una nueva", dice Lluís Cabero, jefe de ginecología de Vall d'Hebron. Jaume Padrós, secretario del Colegio de Médicos de Barcelona, explica que España eligió un camino: "Para no hablar de aborto libre, se optó por el tercer supuesto. Hemos inventado un sistema para no crear debate". Padrós asegura que no llegan quejas al colegio por "una supuesta doble moral" entre salud pública y privada. Pero, ¿por qué son tan pocos los abortos en los hospitales públicos? ¿Objetan los médicos? "Si no se hacen no es porque sean objetores, sino porque la autoridad sanitaria así lo ha decidido", afirma Corcoy.