Bolivia, dividida

Una Constitución democrática establece las reglas del juego político, la división de poderes y los derechos de los ciudadanos. Por ello, su cambio o revisión requiere del más amplio consenso posible. Evo Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS) quieren imponer a Bolivia un texto que rechaza casi la mitad de la sociedad y que, si bien supone dar a los indígenas una capacidad y unos derechos históricamente denegados, también implica graves pasos atrás e hipotecas de futuro.

No es un paso adecuado que el índice de la nueva Carta Magna haya tenido que votarse sólo por la mayoría y cuatro sustitutos que garantizaron el quórum en un edificio militar en Sucre ante la imposibilidad de celebrar la sesión de la Asamblea Constituyente en su sede parlamentaria. La mayoría ha cambiado la regla que obligaba a aprobar el articulado en la capital constitucional, para poder hacerlo en cualquier lugar.

El borrador es un paso atrás en muchos aspectos. Pretende volver al pasado, con ese "pluralismo jurídico" que se quiere consagrar para aceptar las tradiciones indígenas. Y es una regresión inaceptable que se autorice el castigo físico. Como si la Bolivia del siglo XXI quisiera vivir a espaldas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Pero además, el nuevo texto, con su consagración del "poder social", generará una inseguridad jurídica para los ciudadanos y las empresas mayor que la que ya se da en la actualidad en un país necesitado de inversión extranjera. Se reconoce el derecho a la "propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social" y no sea "perjudicial al interés colectivo", en cuyo caso se contempla la expropiación.

Bolivia está dividida social y geográficamente, con el riesgo de una peligrosa confrontación ante la revolución de Morales, pues de una revolución se trata. En los enfrentamientos del pasado sábado en Sucre murieron tres personas y hubo centenares de heridos. La huelga decretada por la oposición parece haber tenido éxito en las grandes ciudades de las seis provincias opuestas al masismo, que sólo apoyan tres. La general de hambre a partir del lunes parece un gesto exagerado de esta oposición. Pero Morales debe ser consciente de que en vez de "refundar Bolivia" la está rompiendo.