Detenido el alcalde de Totana por una red que vendía suelo público

El alcalde popular de Totana (Murcia), José Martínez Andreo, recibió al alba una visita inesperada en su casa. Guardias civiles llegados desde Madrid hace 20 días se lo llevaron a su despacho en el ayuntamiento, donde le esperaban el jefe de la Policía Local, Alfonso Canales, y la secretaria municipal, Laura Bastida, escoltados por más agentes. Los tres están presuntamente implicados en una trama de corrupción, la segunda que se destapa en el plazo de cuatro días en Totana, por supuestos trapicheos con suelo industrial a través de la empresa municipal Proinvitosa, según fuentes de la investigación.

La operación de ayer, derivada de la destapada el lunes, ha sido posible por las escuchas de los teléfonos móviles de, entre otros, el alcalde actual y de su antecesor, Juan Morales, hoy parlamentario autonómico del PP y, según la investigación, pieza central de la primera trama. Morales, al que se le ha retirado el pasaporte y un ordenador, ha pedido amparo al Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Las detenciones de ayer están relacionadas con la gestión de Proinvitosa, que facilitaba a bajo precio terreno industrial a empresarios para que generasen empleo para Totana con la condición de que si al final no levantaban el negocio, el suelo revertía a la empresa pública. Pero el terreno se vendía a otros particulares a precios desorbitados y, supuestamente, en medio se pagaban comisiones ilegales a ediles. Los tres están acusados de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales.

Los tres cargos públicos permanecieron retenidos en el consistorio durante 12 horas mientras los agentes registraban el Ayuntamiento, la sede de Proinvitosa, los domicilios de los investigados y cajas de seguridad de una sucursal de Caja Murcia.

Cuando la Guardia Civil, sobre las 19.30, sacó del Consistorio a los detenidos, 40 cargos del PP local que esperaban en la calle lanzaron gritos de apoyo al alcalde. El PP de Murcia intentó paliar el impacto con una campaña telefónica en la que negaba la detención del alcalde.

El predecesor, implicado

La operación ha sido impulsada por la Fiscalía de Delitos Urbanísticos y el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este cuerpo detuvo el lunes a seis personas por la supuesta recalificación de suelo a cambio de comisiones ilegales. Entre ellos, la pareja sentimental y la ex mujer del anterior alcalde, Juan Morales, y un constructor gallego que había comprado terreno rústico con la intención de levantar 5.500 viviendas.

Por medio de la trama aparece también el constructor Pedro Martínez, también detenido, que tenía pendiente la reclasificación de un millón de metros de suelo rústico para 1.784 viviendas. El promotor habría pagado a cambio al ayuntamiento 6,1 millones de euros, según Juan José Cánovas, responsable del área municipal de IU en Murcia, autor de la denuncia sobre este asunto.

El plan urbanístico de Totana (28.000 habitantes), tumbado por el Gobierno regional, prevé levantar 45.000 viviendas. El proyecto ha sido denunciado por la plataforma No a Este Plan Urbanístico, que venía advirtiendo de este escándalo.