Gallardón conoce desde 2005 los 'puntos negros' de las licencias

El Ayuntamiento de Madrid dispone desde hace años de aplicaciones informáticas que le permiten controlar al detalle qué funcionarios tramitan las licencias, cuánto tiempo tardan, en qué juntas de distrito los retrasos son más largos y cualquier otro detalle que los responsables municipales quieran averiguar sobre el sistema de gestión de las licencias que otorgan.

Estas aplicaciones vienen desarrollándose en la administración municipal desde hace muchos años, en algunos casos desde 1991, pero es tras la llegada de Alberto Ruiz-Gallardón a la alcaldía, en 2003, cuando se desarrollan las versiones más modernas y que van entrando en funcionamiento a partir de 2005.

La información que ofrecen estas aplicaciones, por ejemplo, demuestra que algunos distritos tardan el triple que otros en tramitar una licencia. Chamberí, en un extremo, tardaba el pasado mes de junio 449 días en tramitar licencias bajo el sistema "ordinario común", mientras Vicálvaro sólo 157, según los datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Otro dato de interés es que mientras Centro y Chamberí tenían el pasado mes de marzo apenas el 36% y el 38% de los expedientes que tramitan terminados, en la mayoría de los distritos -Moratalaz, Arganzuela, Hortaleza o Barajas, por citar algunos- ese porcentaje alcanzaba el 60%, el 70% o, incluso, el 80%.

Una de estas aplicaciones cuenta incluso con un mecanismo de alerta, llamado "semáforo", que supuestamente avisa, entre otros detalles, de cuando un procedimiento o trámite se prolonga más allá de lo razonable, según desveló un trabajador municipal.

Los resultados de estas aplicaciones, en resumen, ofrecen una clara visión de la situación de las licencias en todo Madrid yseñalan los puntos negros -cuellos de botella, en el argot administrativo municipal- donde el sistema es más ineficaz y tarda más en resolver sus expedientes. Y estos distritos son Centro y Chamberí, precisamente en los que ha estallado la Operación Guateque, en la que hay siete funcionarios acusados de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias y en los que trabajaban parte de los imputados.

La posición mantenida por los responsables del Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, desde el estallido del caso, ha sido reducirlo a una trama formada por funcionarios corruptos a los que desde los cargos políticos era imposible detectar.

¿Tenían noticia los responsables políticos de esta información, contenida en su propio sistema informático? ¿Les hizo sospechar de algo? ¿Tomaron alguna medida?

Las dos concejales protagonistas del pleno extraordinario celebrado ayer sobre la Operación Guateque, Pilar Martínez, de Urbanismo, y Ana Botella, de Medio Ambiente, no dieron ninguna pista que permita responder a estas preguntas. Se mantuvieron fieles al guión. Si la trama de corrupción "era un secreto a voces, todos estábamos sordos", llegó a decir Martínez.

Este periódico trató de averiguar por la tarde hasta qué punto se sabía en el Ayuntamiento que los problemas de licencias se concentraban en unos pocos puntos de la administración municipal, aquéllos en los que ha estallado la corrupción.

Y se topó con la sorpresa de que dos concejalías se pasaban la pelota, ninguna de ellas queriéndose hacer responsable de unos datos ofrecidos por fuentes del propio Ayuntamiento.

Pilar Martínez negó que en Urbanismo tuvieran noticia de los retrasos acumulados en Centro y Chamberí. "No está entre nuestras competencias ni tenemos los mecanismos de control para saber qué hacen las juntas de distrito", insistió Martínez. "Cualquier dato sobre los tiempos de concesión de licencias en los distritos es responsabilidad de las propias juntas de distrito y, en segundo lugar, de Coordinación Territorial. Nosotros no los tenemos", repitió Martínez.

Un responsable de la Concejalía de Coordinación Territorial explicó al detalle uno de los sistemas informáticos (Sigsa) y la gran cantidad de información que de él se puede obtener. Pero sobre los datos que EL PAÍS quería contrastar, Coordinación Territorial le devolvió la pelota a Urbanismo. "Estos datos salen del sistema aplicado por Urbanismo en los últimos años. Nuestro sistema no los presenta de esta manera", aseguró este responsable. Ningún portavoz del Ayuntamiento logró casar estas dos versiones enfrentadas.

La propia Martínez confirmó que en 2003, tras llegar a la concejalía, adoptó varias medidas para modernizar la gestión de su departamento y la concesión de las licencias en Urbanismo. Una de estas medidas fue sacar un concurso, ganado por una consultora, para diseñar y aplicar un nuevo sistema de gestión de las licencias de Urbanismo los criterios de calidad certificados internacionalmente.

Grandes diferencias

Pero este sistema, según Urbanismo, se limitaba al trámite de sus propias licencias y no a las de las juntas de distrito, sobre las que dijo desconocer cualquier detalle. La versión de Coordinación territorial, en cambio, es que es el nuevo sistema de gestión aplicado por Urbanismo el que ofrecía los datos segmentados por distritos y el que pone de manifiesto las grandes diferencias entre ellos.

El problema de los puntos negros, según responsables municipales, se vio agravado por la política de personal. "Si en una junta se tramitaban 1.000 licencias y en la otra 5.000, por ejemplo, el número de funcionarios no era proporcional. Desde el Ayuntamiento no se evitó que unos pocos funcionarios acabaran tramitando muchas licencias, facilitando el hecho de que se acumularan retrasos que facilitaban que surgiesen prácticas ilícitas", admitió un responsable. Otro factor que ha contribuido a enquistar el problema ha sido la "falta de rotación de los funcionarios, una política sencilla y que evita que alguien acabe conociendo tanto el sistema que surjan complicidades indeseadas".