115 casas, pendientes de derribo

Las excavadoras convirtieron ayer, en pocas horas, en escombros una vivienda de apenas ocho años de antigüedad que se había construido sin licencia en El Parlmar (Vejer).

El chalé se encontraba amueblado cuando fue demolido. Su propietario, Francisco Rosado -quien concurrió a las últimas elecciones municipales como segundo suplente en las listas del PP en Vejer- tendrá que vivir temporalmente en casa de unos familiares en Conil.

La orden de derribo la dictó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en enero de este año. La casa se levantaba en una zona catalogada como "apta para urbanizar", pero que no cuenta con ningún instrumento urbanístico de planeamiento, por lo que la edificación no está permitida. Desde la publicación de la sentencia, se han cumplido los plazos de notificación, el periodo voluntario que se ofrece al propietario para que lleve a cabo el derribo, y el tiempo necesario para adjudicar la obra de demolición.

A la vivienda ha llegado, desde el mes de octubre, un aviso de derribo cada semana. Sin embargo, su dueño ha ignorado estos requerimientos. "Han traído dos bañeras para meter los escombros, los restos de la casa que han tirado con todo dentro, porque el propietario no ha querido sacar nada", explicó Luis Alférez, presidente de la asociación de vecinos de El Palmar.

No ha hecho lo mismo el propietario de una pizzería cercana. Obras Públicas le había dado de plazo hasta el 12 de diciembre para tirar el local, construido en zona de dominio público marítimo-terrestre, a sólo 100 metros de la costa. El dueño ha decidido derribar la construcción antes de que lo hicieran las administraciones.

El Ayuntamiento de Vejer (PSOE) estaba al tanto de ambas órdenes de demolición. La Dirección General de Disciplina Urbanística ya había advertido de tres expedientes que habían sido sometidos a un proceso judicial y acerca de los que se había emitido una sentencia firme. Dos de estos derribos ya se han resuelto. Queda por demoler otra vivienda de la misma urbanización. "Son sentencias que no admiten recurso, y que Obras Públicas tenía que ejecutar. No ha sido por denuncia ni a petición del Ayuntamiento", sostiene el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Vejer, Antonio Muñoz.

Obras Públicas mantiene abiertos otros 115 expedientes por viviendas ilegales que podrían acabar en derribo.