Amnistía señala la mayor indefensión de las inmigrantes
![Carmen Morán Breña](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F62d31e9f-9943-4d92-997c-a15aa4a35bf9.png?auth=8424e1fb56009e0c1a0500325c8d01c9aba1ec2b74a4d4518db4efbcae00ece7&width=100&height=100&smart=true)
Las mujeres inmigrantes están mucho más indefensas que las españolas ante la violencia de género, porque la incomprensión del idioma, el difícil acceso a la información y la dependencia económica de sus parejas les impide desenvolverse para frenar las agresiones de que puedan ser objeto. La tasa de inmigrantes asesinadas por sus parejas o ex parejas es seis veces superior que de españolas.
A todo ello hay que añadir la amenaza de ser expulsadas si se acercan a un puesto policial para denunciar un caso de maltrato. Esta es la situación que recoge un informe de Amnistía Internacional (AI) cuando se han cumplido más de dos años de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género. La autora del informe, María Naredo, afirmó ayer que puede decirse que, desde entonces, la discriminación de estas mujeres incluso "ha aumentado".
En el ámbito judicial, AI detalla tres circunstancias que convierten a las inmigrantes en un colectivo más vulnerable ante las agresiones machistas que las españolas: la ausencia de intérpretes especializados en los juzgados, la desinformación sobre sus derechos y el miedo a ser expulsadas. "Y lo hubieran sido, pero en algunos casos la policía no aplica la instrucción o se deja caducar el expediente", aseguraron ayer. La organización dijo que se alega escasez de recursos para contratar un buen intérprete, "cuando muchas comunidades han devuelto parte del dinero para la aplicación de la ley", recordó Naredo.
La abogada Esther García, de la organización catalana Dones Juristas, lamentó que los abogados de oficio no tengan la preparación suficiente para abordar estos casos. García recomendó que las denuncias por maltrato las redacten directamente los abogados en lugar de pasar por la comisaría, para evitar el riesgo de expulsión.
La organización explica que estas mujeres sufren una dependencia económica de sus parejas porque suelen tener un permiso de residencia, por reagrupación familiar, pero no de trabajo, lo que las impide "romper el círculo de la violencia".
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