El fiscal pide que se anule la privatización de la funeraria

La Fiscalía Anticorrupción no quiere que la venta del 49% de la funeraria municipal por 0,60 euros (cien pesetas de 1992) a la empresa Funespaña salga tan barata. Aunque ya hayan pasado 15 años de aquel episodio, el fiscal pretende que se devuelvan ahora los beneficios obtenidos desde entonces por aquella operación. "Se deben reintegrar al Ayuntamiento de Madrid las acciones de la Empresa Mixta, así como el valor real de dichas acciones, [...] los dividendos obtenidos por Funespaña, las retribuciones que hayan tenido los acusados de la Empresa Mixta y la participación en los beneficios antes de impuestos", pide el fiscal a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid en su acusación definitiva. Además, demanda "la nulidad de los acuerdos municipales por los que se convocaba la licitación".

Hasta ahí llegaría la responsabilidad civil que pide el fiscal para los nueve acusados. Entre ellos se encuentran Luis María Huete (ex primer teniente de alcalde en la época de José María Álvarez del Manzano, del PP), Simón Viñals (ex concejal de Sanidad y presidente de la funeraria municipal en el momento de la venta por 0,60 euros), Antonio Moreno (ex concejal de Patrimonio), José Ignacio Rodrigo (ex asesor del Ayuntamiento y presidente de Funespaña) y los hermanos Ángel y Juan Antonio Valdivia (socios de Funespaña).

Penas de cárcel

Para todos ellos, el fiscal solicita también penas de cárcel, aunque rebajadas respecto a su petición inicial. Para los responsables políticos (Huete, Viñals y Moreno), el fiscal pide ahora cuatro años y 10 meses frente a los seis años que reclamó en un principio. A los ex responsables municipales del PP, para los que también se piden 24 años de inhabilitación, se les imputan los delitos de maquinaciones de precio, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

El fiscal también solicita penas de 18 años para Rodrigo por los mismos delitos, además de uno contra la Hacienda pública. Contra los hermanos Valdivia reclama 18 años y siete meses.

Durante el juicio, que acabará en enero, Huete defendió la venta de la funeraria por 100 pesetas a cambio de que Funespaña "asumiera la deuda y realizara una ampliación del capital". En ese momento, la Empresa Mixta debía 2.274 millones. Lo que no dijo, sin embargo, es que esa deuda fue perdonada dos meses después.

El que fuera interventor municipal de la época, Vicente Arnau, aseguró en el juicio que nadie le consultó a la hora de decidir privatizar la empresa por 100 pesetas, cuando, según dijo, "valía al menos 1.000 millones". Huete justificó la privatización por el "peligro de quiebra".