El juicio por el 'caso Funeraria' queda visto para sentencia

El juicio por la presunta privatización irregular de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid a manos de Funespaña, conocido como caso Funeraria, ha quedado esta mañana visto para sentencia con las proclamas de inocencia de los ex concejales populares Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno, quienes se enfrentan a una petición fiscal de cuatro años y diez meses de cárcel por delitos de maquinaciones, prevaricación y malversación. Durante seis meses, la Sección Cuarta ha escuchado los testimonios de los nueve procesados que supuestamente intervinieron en el que fue el mayor escándalo del mandato del ex alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano.

El caso se remonta al pleno municipal celebrado el 22 de diciembre de 1992, que aprobó la venta del 49% de las acciones de la funeraria municipal a Funespaña, que la adquirió por 0,60 euros. La Fiscalía de Madrid solicita penas de entre ocho meses y 17 años y medio para los encausados, entre los que también figura José Ignacio Rodrigo, asesor jurídico del Consistorio y presidente de Funespaña -destituido en julio-, y los hermanos Juan Antonio y Angel Valdivia, directivos de la empresa. Mariano Benítez de Lugo, abogado de la acusación que representa al PSOE, ha declarado a los periodistas que, a lo largo de los seis meses de sesiones, ha quedado acreditado que la Empresa Mixta "provocó el hundimiento de la compañía para venderla a precio de saldo" y que "lo único cierto es que se pagó 100 pesetas y una ampliación de capital de 200 millones de pesetas".

Por su parte, el letrado que ejerce la acusación en nombre de IU, Manuel Benítez de Lugo, ha dicho que "lo importante es que se sepa la verdad y que se restituya el dinero" obtenido de los beneficios de Funespaña por la explotación de la Empresa Mixta. "Esta empresa tiene bienes suficientes para ello", ha añadido. "Proclamo mi honradez profesional y personal en este procedimiento", ha clamado Huete, entonces primer teniente de la Alcaldía de José Luis Álvarez del Manzano. Tras finalizar la vista, el acusado ha traladado a los periodistas su "confianza en la Justicia" y en su "honorabiliad". En su declaración los primeros días del juicio, admitió que la venta se realizó por "un precio simbólico" a cambio de que Funespaña "asumiera la deuda y realizada una ampliación de capital".

"Jamás he buscado beneficio económico ilícito"

Pese a que el Ministerio Público sostiene que los concejales desoyeron las recomendaciones de los técnicos municipales, la mano derecha de Álvarez del Manzano ha insistido en su alegato final que "siempre" tuvo en cuenta los informes del secretario general del Ayuntamiento en aquella época, José Mario Corella, y del intervntor municipal, Vicente Arnau. Siguiendo esta misma línea, Viñals ha subrayado que "siempre actuó" de acuerdo con el equipo de Gobierno" y con "el consentimiento del alcalde siguiendo al pie de la letra sus recomendaciones". "Jamás he tenido constancia de incurrir en un delito y jamás he buscado beneficio económico ilícito", ha espetado a la Sección Cuarta de la Audiencia madrileña, encargada de enjuiciar este procedimiento. El entonces concejal de Sanidad y Consumo ha defendido la validez de la privatización de parte de la funeraria municipal, puesto que supuso "sacar a la Empresa Mixta de un grave problema" a consecencia de la crisis económica que arrastraba. Según Viñals, la venta trajo "beneficios indudables para las arcas municipales".

En su turno, Moreno ha relatado el "calvario" vivido durante nueve años con motivo de la dura "campaña de prensa" lanzada contra él, que le trituró "profesionalmente y políticamente". "Sólo creo en mi inocencia y hoy haría lo mismo que hice en su día", ha aseverado el ex concejal de Patrimonio, que ha reafirmado que "la venta de las acciones fue totalmente legal". Otro de los procesados que ha hecho valer su alegato final fue José Ignacio Rodrigo, que afronta una solicitud fiscal de 17 años y medio de prisión. Se le acusa de maquinaciones, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y varios delitos contra la Hacienda Pública. En su extenso discurso, Rodrigo ha detallado su intervención en los hechos desde 1992, momento en que entró en el Consistorio madrileño como asesor jurídico.

En este punto, el ex presidente de Funespaña ha sostenido que antes de la venta "no conocía a nadie del Ayuntamiento ni de la empresa mixta". La Fiscalía mantiene que el ex presidente de Funespaña, que fue despedido a finales de julio, se valió de sus conocimientos de la operación para hacerse con un importante paquete de acciones. De este modo, se puso en contacto con los hermanos Valdivia, Juan Antonio y Ángel, para asegurarse 'una importante participación lucrativa en el resultado de la privatización'. Entonces pactaron que los Valdivia pondrían el dinero necesario para sacar adelante la funeraria a través de la ampliación de capital, mientras que Rodrigo lograba 'una importante participación en el capital social'.

En su acusación definitiva, el fiscal José Grinda ha reclamado declarar nulos los acuerdos por los que se acordó la adjudicación del 49% y que los responsables de Funespaña devuelvan a las arcas municipales los beneficios obtenidos desde 1992 por la explotación de la funeraria municipal. De este modo, ha demandado al tribunal que Ignacio Rodrigo y los hermanos Valdivia reintegren como parte de la responsabilidad civil que se les solicita la totalidad de las ganancias directamente provenientes de los delitos de prevaricación y de malversación de los que se les acusa. Por la lentitud del procedimiento, el Ministerio Público pidió también que se aplique a los nueve procesados la atenuante de dilaciones indebidas por la lentitud del proceso, que se remonta a hace ya 15 años. Asimismo, el fiscal ha pedido para Rodrigo y los Valdivia que se les aplique la atenuante de reparación del año por haber hecho efectivo el pago de la deuda contraída por la Empresa Mixta con el Consistorio madrileño. En cuanto a indemnizaciones, el fiscal ha solicitado que Rodrigo y los Valdivia indemnicen conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública con 4.504.169 euros, con la responsabilidad civil subsidiaria de Funespaña.