Encarcelado un funcionario que ya fue acusado por corrupción en 2004

El Guateque continúa. Y con fuertes reminiscencias del pasado. El juez decretó ayer el ingreso en prisión sin fianza del funcionario jubilado, adscrito a la Gerencia de Urbanismo, Carmelo García Sánchez. Se le acusa de presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias para la agilización del trámite de licencias de locales comerciales y de ocio. Algo de lo que ya se le había acusado años atrás. Entonces fue absuelto.

El empleado del Ayuntamiento no fue condenado por falta de pruebas

El trabajabor municipal ocupó la máxima categoría en la escala laboral

Aguirre no ve claro el plan de Gallardón de privatizar la gestión de licencias

Carmelo García Sánchez se sentó en el banquillo en 2004 por haber participado en una trama de cobro de comisiones ilegales a empresarios para agilizar las licencias de actividad de sus locales. El fiscal le acusó entonces, junto a otros tres funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, de mediar a cambio de 12.000 euros para que el propietario de la sauna gay Paraíso obtuviera su licencia de funcionamiento. Carmelo García fue absuelto, por falta de pruebas, del delito de tráfico de influencias por el que había sido imputado.

Según el relato de los hechos que elaboró el fiscal del caso, la Policía Municipal irrumpió en mayo de 1995 en la sauna gay Paraíso. Los agentes anotaron los nombres de todos los clientes y precintaron el establecimiento, que estaba a la espera de recibir la licencia de apertura. El propietario de la sauna no daba crédito. Como denunció luego ante el juez, a comienzos de ese año había pagado grandes sumas de dinero a funcionarios para que acelerasen el trámite de su licencia e impidiesen el cierre de otro local que poseía. El soborno que acreditó para denunciar a los funcionarios le costó caro. El juez, a él sí, lo condenó a seis meses de cárcel.

Según la versión del fiscal, García Sánchez se ofreció en 1995 al dueño de la sala, Francisco Herrero, para mediar ante el Consistorio con el fin de resolver los problemas que el primero tenía con las autoridades municipales por la obtención de la licencia de apertura de la sauna.

A cambio de ello, Carmelo García exigió el cobro de 3.000 euros en efectivo y posteriormente la misma cantidad trimestralmente. El dinero se lo tendría que entregar mediante un cheque a un ingeniero que certificaba la validez del proyecto.

Tanto García como el resto de funcionarios implicados negaron que nunca hubieran cobrado dinero por acelerar licencias de apertura.

Según la versión que difundió ayer el Ayuntamiento, García Sánchez entró a trabajar en la Junta de Retiro en junio de 1959 y se jubiló en 2004. El mismo año en que se celebró el juicio. En su última etapa laboral fue "relegado" al registro de la Gerencia de Urbanismo.

Fuentes municipales confirmaron que García Sánchez ha sido imputado como particular. Según los consultados, habría participado en la trama valiéndose de los contactos y la experiencia atesorada durante su etapa como empleado municipal.

Como resultado del juicio celebrado en 2004 fue condenado el funcionario municipal Juan Bautista Beltra Romero Sancho a seis meses y un día de prisión y a una multa de 6.310 euros. También fue condenado el dueño de la sauna, Francisco Herrero, a seis meses de cárcel por el delito de soborno. Los otros dos técnicos municipales, Jerónimo Pablo Martínez Fuentes y Roberto Martínez Guindal, fueron absueltos, informa José Antonio Hernández.

Uno de los cabecillas de la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, Joaquín Fernández de Castro, fue destituido de su cargo de director de servicio de una de las áreas de la Concejalía de Medio Ambiente en 2003. Además, fue degradado dos categorías profesionales, pasó del 30 -la máxima en el cuerpo de funcionarios- al 28. Fuentes municipales revelan que la destitución se produjo porque el puesto que ocupaba Fernández de Castro "exige una dedicación especial y este funcionario no la cumplía". Las mismas fuentes explican que el cargo que ocupaba no era de confianza, "sino de máxima categoría profesional". Por eso se le tuvo que reubicar dentro del Ayuntamiento en una función acorde con su nueva categoría.

Fernández de Castro es un funcionario con mucha experiencia en el Ayuntamiento. Entró en la función pública municipal en 1968, cuando Carlos Arias Navarro era alcalde de Madrid. "Ahora está a punto de jubilarse", señala un responsable municipal. El funcionario llegó a ocupar la subdirección general del servicio de Limpieza cuando Alberto López-Viejo era concejal de Limpieza, entre 1999 y 2003. Ahora López-Viejo es consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, nombrado por la presidenta regional Esperanza Aguirre. En esa misma época Fernández de Castro coincidió en el Ayuntamiento con Aguirre, que era edil de Medio Ambiente.

Este funcionario encarcelado ocupa actualmente la jefatura de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente. Desde su puesto controlaba los locales que incumplían la normativa de ruidos. Y se encargaba de tramitar los asuntos relacionados con la insonorización y climatización de los bares. Fernández de Castro es administrador conjunto de una empresa. La sociedad El Almirez Turismo Rural, se dedica a la promoción inmobiliaria y a la ejecución de obras, así como a la gestión de alojamientos rurales.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid no han podido precisar si los imputados que fueron detenidos la semana pasada por su supuesta implicación en el caso y que fueron puestos en libertad el pasado domingo se incorporaron ayer a sus puestos de trabajo. Un responsable municipal explicó ayer que no pueden suspenderlos de empleo y sueldo por la presunción de inocencia.

Por otra parte, el pasado lunes la Guardía Civil registró las dependencias de la Gerencia de Urbanismo y de la Junta Municipal de distrito de Tetuán, según informa Jorge A. Rodríguez. Ayer imputaron a un arquitecto técnico de la junta de Tetuán. Además, agentes del cuerpo armado interrogaron ayer a diez de los 14 nuevos imputados que se sumaron al proceso el pasado lunes. Entre las personas que declararon ayer ante la Guardia Civil se encuentra Mariano García Bachiller, citado en calidad de testigo, no como imputado. La Operación Guateque arrancó el pasado miércoles, tras cinco meses de investigación y una decena de teléfonos de funcionarios pinchados. Ese día, agentes de la Guardía Civil registraron las dependencias de la concejalía de Urbanismo. Desde entonces han sido imputados 17 personas, la mayoría funcionarios municipales. El juez que instruye el caso, Santiago Torres, investiga además a otras 14 personas por su presunta relación con la red de cobro ilegal de comisiones.

Desde comienzo del caso el magistrado ha enviado a seis personas a prisión acusados de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencia. Entre los encarcelados se encuentran tres funcionarios, Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental de Medio Ambiente; Victorino Ceballos, jefe de división de impacto ambiental de Medio Ambiente; Carmen Eulalia Ibáñez Martínez, asesora técnica del mismo departamento. También han sido enviados a la cárcel dos personas vinculadas con estudios de arquitecturas que supuestamente hacían de intermediarias: Santiago Castillo Morales y Antonio Sánz Escribano. Ayer, el juez que instruye el caso ordenó enviar a prisión a Carmelo García Sánchez, ex funcionario de Urbanismo.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, indicó que no ve "clara la propuesta de Gallardón de privatizar la concesión de licencias administrativas", a raíz del caso Guateque. Y achacó la aparición de la trama a la normativa "decimonónica" que existe en España.