En libertad otros cuatro imputados en la red de cobro de comisiones, dos de ellos bajo fianza

El juez instructor del caso Guateque, que investiga una supuesta red de cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Madrid, ha dejado hoy en libertad bajo fianza de 3.000 euros a José Antonio Jodar y a Luis Olave Martín, imputados por su implicación en la trama de corrupción para la concesión de licencias que afecta a funcionarios de la Gerencia de Urbanismo y del Área de Gobierno de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid y a varios empresarios, informaron fuentes jurídicas. El magistrado también ha acordado la libertad provisional, en este caso sin ningún tipo de medidas, de Beatriz M.A. y Oscar A.F..

El magistrado ha acordado esta medida, a instancias del fiscal adscrito al Juzgado 32, tras interrogarles por su vinculación al caso, destapado el pasado miércoles con las primeras detenciones y los registros efectuados en diversas dependencias municipales. Además de la fianza, se les impone a ambos la obligación de comparecer en el Juzgado los días 10 y 24 de cada mes. Asimismo, Oscar A.F., jefe de la Unidad de Licencias en la Gerencia de Urbanismo, y Beatriz M.A, una ingeniero industrial, han abandonado las dependencias judiciales de Plaza de Castilla sin que el magistrado acordara ninguna medida cautelar contra ellos, al no ser solicitadas por el fiscal Cesar Estirado.

Las comparecencias en el Juzgado número 32 han continuado esta mañana y se reanudarán la próxima semana, con cuatro declaraciones de imputados y testigos por día. Se prolongarán hasta que pasen delante del juez todas las personas vinculadas a la trama, que ascienden a 40. Por otro lado, el titular del Juzgado número 32 ratificará este viernes las prisiones acordadas la madrugada del domingo contra cinco empleados públicos. Se trata de un acto procesal formal en el que el juez escuchará a estas personas para decidir sobre si mantiene o no su situación de prisión.

Seis imputados en prisión

Tras tomar ayer declaración a otros tres de los imputados, el juez instructor ordenó el ingreso en prisión provisional de Carmelo García Sánchez, un funcionario jubilado del Ayuntamiento de Madrid implicado ya en otro caso de extorsiones a empresarios, del que fue absuelto. Además, el magistrado dejó ayer en libertad sin cargos a otros dos imputados, entre ellos a Adrián L. R., de Urbanismo, después de interrogarles para aclarar su conocimiento de los hechos. Con García Sánchez ya son seis los imputados que se encuentran en prisión.

Además de él, están encarcelados por orden del juez de guardia Victoriano Ceballos Fernández, jefe de división de impacto y análisis ambiental de Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de evaluación ambiental de la misma Concejalía, Carmen Eulalia Ibáñez Martínez, asesora técnica del departamento de evaluación ambiental, Santiago Castillo Morales, y Antonio Sanz Escribano. Asimismo, Teijeiro dejó libres a Julián López Martínez, Eduardo Agustino Carrasco, Julián Félix Serrano Sierra y Manuel Alvarez de Hoyos. Además, impuso a Mario Mínguez Fernández una fianza de 3.000 euros para eludir la cárcel. Por su parte, el juez Torres dejó el lunes en libertad sin cargos a otros tres empleados municipales, mientras que impuso una fianza de 3.000 euros a Sara López Moreno, de la Junta del Distrito de San Blás, para eludir la prisión. Esta última tendrá la obligación de comparecer ante este Juzgado los días 10 y 24 de cada mes.

Mientras tanto, UGT ha calificado de "intolerable e inmoral" las declaraciones del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, en las que subrayó que no hay ningún cargo político implicado en la trama de corrupción destapada con la Operación Guateque. Asimismo, ha subrayado que en el Ayuntamiento hay más de 30.000 trabajadores, entre funcionarios, laborales e interinos y que su comportamiento es "ejemplar e intachable", al tiempo que ha recordado que el PP lleva más de 18 años gobernando en la ciudad de Madrid y, el actual alcalde, más de cuatro años. "Además, este equipo de Gobierno Municipal ha introducido más de 1.100 cargos políticos, de confianza, de libre designación y de otras administraciones públicas. Entendíamos que era para controlar y gestionar mejor los intereses del Consistorio, pero al final sólo ha sido para recolocar a compañeros del partido que se habían quedado descolgados", acusa UGT.