Los imputados también son empresarios

Funcionarios y empresarios. Es el perfil de los principales empleados municipales imputados en el caso de corrupción destapado en la Operación Guateque.

El jefe de división de Impacto y Análisis Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, Victoriano Ceballos, está en la cárcel por un supuesto delito de cohecho y cobro de comisiones ilegales por acelerar los trámites de las licencias urbanísticas. Este funcionario es uno de los responsables de decidir si los locales de ocio cumplen con las normas de insonorización acústica. Ceballos, además, acumula cargos directivos en cuatro empresas. Es presidente de Madritum, SL, una sociedad dedicada al comercio al por mayor de carnes, productos y derivados de cárnicos elaborados, huevos y aves de caza. La empresa tiene un capital de 12.000 euros. Lo llamativo es que el objeto social incluye la adquisición o venta de inmuebles. Ceballos, también, aparece como consejero delegado de la sociedad Fragoce, dedicada a la promoción y construcción de bienes inmuebles, con un capital de 3.000 euros.

Además, es apoderado de Zayde Jardín, SL, con licencia para realizar obras y trabajos de jardinería y su conservación y mantenimiento. Este trabajador municipal que prestaba sus servicios en la Concejalía de Medio Ambiente fue consejero delegado de Calavi, SA, una empresa que se dedica a prestar servicios a bares y restaurantes.

Constructoras

Otro de los funcionarios encarcelados, Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental de la misma concejalía, es administrador, conjuntamente con su hermana, de la sociedad El Almirez Turismo Rural. La empresa tiene como objeto la compraventa y explotación de edificaciones y el comercio inmobiliario, la construcción y ejecución de obras y explotación de establecimientos dedicados al agroturismo.

El ex funcionario Carmelo García Sánchez, también en prisión, es propietario de Tabernas Le Mosquetaire, SL, una empresa que se dedica al servicio en cafeterías.

Mario Mínguez Fernández, funcionario de la Junta de distrito de Centro, imputado y puesto en libertad con una fianza de 3.000 euros, es apoderado de Estudio Tinsa, SL. Esta empresa se dedica a la albañilería y pequeños trabajos de construcción en general.