Columna
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Una oportunidad para la educación

No es necesario creer ciegamente en la capacidad de transformación social de las leyes para aceptar que en Cataluña hay una necesidad legislativa en el ámbito de la educación. De entrada porque hay que corregir el vacío que el ejercicio del autogobierno catalán ha mantenido desde su inicio en este campo. Pero lo más relevante son los márgenes de mejora y progreso que la educación debe recorrer en Cataluña.

Hay que huir del catastrofismo y el fatalismo. Hoy nuestro sistema educativo es más sólido y mejor que hace tres décadas. Hemos recorrido un trayecto importante, no sin contradicciones ni contratiempos, con logros indiscutibles como la obligatoriedad de la educación hasta los 16 años. Es una medida impulsada por el Gobierno socialista y que contó con apoyo del resto de las formaciones de izquierdas y en Cataluña también de CiU, que desde su posición al frente del Gobierno de la Generalitat impulsó con una agilidad y decisión la reforma educativa que contrasta aún hoy con algunas comunidades autónomas que no la han completado. Todo ello está en el "haber" de la política educativa catalana, sin que esta afirmación quiera ocultar dudas sobre la idoneidad de algunas medidas de la reforma educativa (por ejemplo la no integración en un único centro de la primaria y la secundaria) ni tampoco errores en su aplicación (el más relevante, los escasos recursos presupuestarios en educación de la Generalitat desde la década de 1980). En cualquier caso, las cosas buenas no nos deben hacer olvidar los mediocres resultados en algún caso, malos en otros e incluso pésimos en determinados indicadores que obtiene nuestro sistema educativo si lo comparamos con otros vecinos.

Un reto de la ley es hacer posible que las escuelas tengan autonomía para crear equipos docentes

Una nueva ley no va a modificar por arte de magia esos resultados objetivamente mejorables. Pero sí debe permitir poner los cimientos para un desarrollo de políticas que se intuyen necesarias y que hoy no se pueden desarrollar por falta de base legislativa. Uno de los primeros aciertos del consejero Maragall y su equipo es haber asumido el proyecto como una ley de país. Como también hay que celebrar la disponibilidad de la oposición, con Irene Rigau como cabeza visible, para acordar el contenido de la ley. Lo peor que nos podría suceder después de tantos años sin ley catalana de educación es que ahora nos diera por imitar la dinámica española de confrontación permanente en las propuestas educativas y que en cada periodo de alternancia gubernamental al nuevo Gobierno catalán le diera por hacer su propia ley educativa. La insistencia en algunas medidas y la persistencia en algunos objetivos, más allá del color político del Gobierno de turno, se presentan como realidades imprescindibles para acabar logrando un horizonte de calidad. La estabilidad legislativa en el campo de la educación en Finlandia en las últimas décadas es probablemente una variable para conocer las razones del éxito de dicho sistema.

El Pacto Nacional por la Educación, suscrito en abril de 2006 por la práctica totalidad de los agentes de la comunidad educativa catalana (con la excepción nada menospreciable de la Ustec) está en la base de la nueva ley y también es lo que debe posibilitar de verdad que ésta sea una ley de país, es decir, de amplio consenso parlamentario. La apuesta del Pacto Nacional por la Educación era ambiciosa e implicaba con certeza medidas innovadoras y, por tanto, polémicas en tanto que se proponía la modificación del status quo de muchos de los agentes de la comunidad educativa actual (profesorado, titularidades, equipos directivos, municipios, Administración educativa, etcétera).

El binomio equidad-excelencia que deberíamos alcanzar en los próximos 10 años requiere modificar de raíz algunas dinámicas perversas que hoy gobiernan el sistema educativo catalán. Si la aprobación de una ley catalana tiene sentido es para sentar las bases legales para esa modificación de las dinámicas que afectan y merman a la calidad de nuestra educación, impidiendo la excelencia y minimizando la equidad.

Romper con la dualización del sistema educativo es una necesidad irrenunciable. Hay que poner en valor y dar contenido a la idea del Servicio Público Educativo que el Pacto Nacional recogió como marco en el que tanto las escuelas de titularidad pública como privada desarrollasen su labor educativa. Todo ello con el apoyo necesario de la Administración para evitar que el mercado actúe libremente generando ineficiencia social. Si el presupuesto no permite garantizar la gratuidad plena en todas las escuelas concertadas, habrá que discriminar positivamente y garantizar desde la Administración que en algunas zonas se pueda ofrecer a cualquier familia, al margen de su procedencia y su estado económico, la selección de una escuela pública o concertada sin coste económico diferencial.

El otro reto relevante de la ley es hacer posible que todas las escuelas dispongan de una autonomía equivalente para configurar su proyecto curricular, crear equipos docentes, acabar con la inestabilidad o rotación de los mismos y poner las bases para una profesionalización en la dirección del centro. Hoy falta capacidad y posibilidad de ejercer liderazgo ante los alumnos y entre los compañeros, faltan oportunidades para una carrera profesional de los docentes -que a los 20 años en ejercicio ya no disponen de estímulos profesionales adecuados-, y un diseño de autonomía de los centros que lejos de ser el origen de desigualdades, sea una fuente de estimulación constante, calidad evaluable y la garantía de proximidad con el entorno. Ésas son sólo algunas de las razones que hacen que la futura ley sea una oportunidad para la educación en Cataluña.

Jspicanyol@hotmail.com

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 18 de noviembre de 2007.

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