Un 'ertzaina' pierde cuatro dedos al estallar el detonador de una de las bombas de Getxo

ETA no consiguió el domingo su objetivo de asesinar con una bomba trampa a los desactivadores de explosivos que participaban en el operativo dispuesto por la Ertzaintza ante los juzgados de Getxo (Vizcaya). Pero uno de los detonadores empleado por el comando terrorista en uno de los dos artefactos colocados en esos juzgados estalló ayer, poco después de las 10.30, cuando era manipulado por un especialista de la policía vasca. El agente vio cómo le reventaban cuatro dedos de una mano al tocar el iniciador.

El ministro del Interior asegura que ETA buscó causar una masacre

El Ayuntamiento exige a la banda que "se disuelva de una vez"

El artificiero herido se encontraba en la base policial de Iurreta (Vizcaya) estudiando junto a otro compañero el detonador empleado por los etarras, al parecer con alguna característica novedosa, cuando de manera accidental hizo explosión. La detonación le llevó de cuajo cuatro dedos de la mano derecha y le fracturó los huesos del carpo de esa mano. La explosión le amputó, además, tres pulpejos de la mano izquierda, la parte carnosa que se encuentra en la palma de la mano junto a la base de los dedos.

Aunque las heridas son graves, el agente se encontraba consciente y orientado antes de entrar en la mesa de operaciones, según explicó el Servicio de Urgencias del hospital vizcaíno de Cruces en el primer informe médico. Su compañero fue trasladado también al centro sanitario porque sufría un fuerte zumbido en uno de los oídos. Fue dado de alta tras comprobarse en la revisión médica que no padecía ninguna lesión.

El atentado trampa del domingo refuerza la hipótesis que mantienen desde hace meses los expertos policiales: que la Ertzaintza es "objetivo preferente" de ETA. El sindicato policial mayoritario Erne pidió a Interior una reflexión sobre los protocolos de actuación, porque "no siempre vamos a tener detrás el ángel de la guarda". ETA demostró con el atentado del domingo en Getxo su obsesión por matar o herir a los desactivadores de explosivos, sea cual sea el cuerpo policial al que pertenezcan. Los terroristas hicieron coincidir el atentado con el aniversario del día en que ETA hirió a 10 especialistas en desactivación de la Ertzaintza, Guardia Civil y policía con una bomba trampa escondida en un tubo lanzagranadas utilizado para atacar, el 11 de noviembre de 2000, el cuartel del instituto armado en Intxaurrondo.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Getxo, un municipio especialmente castigados por ETA y la kale borroka, condenó ayer el atentado del domingo. Todos los partidos -ANV no tiene ediles en el Ayuntamiento vizcaíno- exigieron a ETA "que se disuelva de una vez".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, mostró su repulsa por el atentado "en cuanto pudiera ir dirigido a menoscabar la independencia judicial".

Por su parte, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que ETA buscó causar "una masacre" y avisó que seguirá intentándolo. Su colega vasco, Javier Balza, coincidió con el diagnóstico y rechazó que fuera un fallo del dispositivo policial el hecho de que la segunda bomba estuviera casi ocho horas sin ser descubierta en una papelera. "Esto no es una ciencia exacta", replicó Balza, quien aprovechó una entrevista en Radio Euskadi para volver a reclamar que se permita a la Ertzaintza investigar en Francia.

Las autoridades francesas entregaron ayer al miembro de Segi Gorka Betolaza, huido para evitar cumplir una condena de seis años de prisión por pertenecer a la organización juvenil ilegalizada. Betolaza fue conducido por la policía francesa hasta el puesto fronterizo de La Jonquera, donde agentes del Cuerpo Nacional de Policía se hicieron cargo de él para ponerlo a disposición judicial.

Betolaza fue arrestado el 24 de septiembre por la Gendarmería junto a otras 13 personas acusadas de ataques incendiarios y colocación de bombas en el País Vasco francés. La Audiencia Nacional pidió su extradición por haber sido condenado por el Supremo a seis años de prisión junto a otros 18 dirigentes de Segi.