Amplio rechazo al decreto que regula la convivencia escolar

No se pueden mezclar churras con merinas. "Ni se puede poner en un decreto de Derechos y Deberes al alumno al mismo nivel que al docente; o mezclar sanciones con planes de convivencia, sin medidas sociales", sostiene Luis García Trapiello, de CC OO.

En el mismo sentido, Gerardo Fernández, de Fete-UGT, ve con "preocupación" que se dicten "medidas autoritarias" como la creación de las llamadas "unidades específicas" o "aulas de convivencia". "¿Dónde van a estar y quién las llevará? ¿Cómo se valorará si un niño tiene trastornos graves de personalidad"?

Un plan de convivencia escolar sin medidas sociales es inservible

Las polémicas "unidades específicas" contenidas en el borrador del decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos -que por primera vez se hace extensivo a padres, profesores y personal laboral- han levantado ampollas, no sólo entre los tres sindicatos de izquierda, sino entre las asociaciones de padres de la red pública contrarias "a la segregación" de estudiantes.

"Además de regresiva, se trata de un aula discriminatoria, que fomenta que el chaval que quiera montar un pollo el día antes de un examen, por ejemplo, consiga que le saquen de clase y le encierren; ¿a quién se le ha ocurrido?, se pregunta Gemma Piqué, de la federación de padres FAPA. "El decreto es brutal. En vez de hacer una norma que regule la convivencia entre alumnos y fomente que sean mediadores y elaboren sus planes de convivencia, recuerda a los padres nuestras obligaciones legales, cuando ya estamos obligados a responder ante la ley si no cumplimos con el deber de educar y respetar a nuestros hijos".

El STEPV anticipa que en la mesa sectorial de hoy presentará "una batería de propuestas sobre la convivencia escolar, que van más allá de este decreto". Un decreto cuya tramitación revela, de entrada, "una grave confusión política" de parte de la consejería, según Trapiello. "No se puede negociar en mesa un borrador que ya ha sido remitido al CEV. Es un engaño. Pero peor es meter en un decreto de los alumnos -que es su carta magna- a padres y personal educativo que ya tienen su propia regulación". Los tres sindicatos coinciden en que un plan de convivencia, sin medidas sociales, es inservible. Y revelan un enfoque sesgado: la desigualdad en las aulas tiene su origen en la desigualdad de las familias.

Sólo Anpe y CSIF aplauden el "reconocimiento de la autoridad docente" y "la autonomía para imponer medidas cautelares".