El 69% de los hogares gallegos perciben subvenciones públicas

Galicia es la autonomía española con mayor proporción de hogares subsidiados con dinero público. Según los datos oficiales, las dos terceras partes (68,7%) de las familias gallegas cobran algún tipo de prestación social, frente al 55,6% de media española.

En total se trata de 628.500 familias gallegas en las que al menos uno de sus miembros percibe subsidios de la Seguridad Social o de la Xunta. Las prestaciones están medidas en pensiones, servicios sociales, plazas de residencia, subsidios de pobreza, teleasistencia, ayuda a domicilio o uso de plazas en centros asistenciales de día.

Los datos proceden del estudio, La financiación de los servicios sociales: nuevos desafíos, que acaba de publicar el Ministerio de Economía a través del Instituto de Estudios Fiscales. El trabajo mide el gasto social español ligado a la dependencia y por autonomías.

Los datos muestran que Galicia dispone de las condiciones más difíciles para afrontar el proceso de mejora de las prestaciones sociales. Según sus conclusiones, Galicia dispone de 192.779 personas con alguna discapacidad para la vida diaria (dependientes).

El dato representa un 13% de todas las personas dependientes españolas, mientras que su gasto en prestaciones sociales apenas alcanza el 1% de España. La principal causa de necesidad de las prestaciones sociales en Galicia es el envejecimiento poblacional (577.747 personas mayores de 65 años), así como el escaso nivel de renta de las zonas rurales gallegas. Ambos ratios sitúan a Galicia entre los peores baremos de España y Europa, con una de las rentas per cápitas rurales más bajas de la UE y con un 21,30% de la población (uno de cada cinco gallegos) por encima de los 65 años.

Según cálculos de la Universidad de Málaga, Galicia dispone en la actualidad de presupuesto y plazas en residencias para atender a 20.465 dependientes, la décima parte del total.

El envejecimiento poblacional de Galicia no se detiene, lo que sitúa a la Comunidad a la cabeza de los hogares que perciben prestaciones sociales (pensiones, fundamentalmente).

Un estudio publicado por el Instituto de Estudios Fiscales, y coordinado por el economista gallego Santiago Lago, revela que la población gallega mayor de 65 años ya duplica a la de menos de 14 años.

Se trata de un trabajo de investigación para valorar la nueva Ley de Dependencia y la incidencia del envejecimiento poblacional en el futuro del gasto social español. El informe ha sido elaborado por los profesores José Sánchez Maldonado, José Salvador Gómez Sala y Carmen Molina Garrido, todos ellos de la Universidad de Málaga.

La investigación revela que en Galicia viven 577.747 personas mayores de 65 años, frente a 309.874 niños de entre 0 y 14 años. Es la peor proporción de la pirámide poblacional, no sólo de España, si no de los países de la Unión Europea.

En este momento la población jubilada representa un 21,30% de Galicia, mientras que la población infantil (hasta 14 años) apenas supera el 11%. La tabla comparativa con el resto de las comunidades coloca a Galicia como la última en porcentaje de población infantil y la tercera (tras Castilla y León y Asturias) en población envejecida.

En un intento de mejorar la cobertura social a los hogares con pensionistas, la Xunta ha aprobado este año la puesta en marcha de un fondo autonómico de pensiones, inicialmente dotado con 5 millones de euros. Dicho fondo, que figura en los Presupuestos de la Xunta de 2008, se dedicará a complementar las pensiones no contributivas (mayoritariamente de viudedad), las más bajas de España.

Para aumentar las prestaciones a ese 69% de hogares subsidiados se amplía hasta 21 millones de euros para la denominada Renta de Integración Social de Galicia (Risga), un subsidio a fondo perdido para los hogares más pobres. Asimismo, el Presupuesto de 2008 arranca con una dotación de 2,4 millones de euros para apoyar a las familias con mayores problemas económicos, a través de un programa de emergencia social.

Red insuficiente

"Hay una insuficiente red asistencial, que coincide en el tiempo con la crisis de los sistemas de apoyo informal a la dependencia", señalan los autores del estudio, en referencia a la desaparición de las familias tradicionales en las que alguna persona soporta el cuidado de las personas con discapacidades para la actividad diaria.

El trabajo subraya, no obstante, que la situación es precaria en el conjunto de España. Según sus datos, las autonomías españolas dedican en la actualidad 2.381 millones de euros a este tipo de prestaciones sociales, mientras que la Ley de Dependencia establece un objetivo inversor de 9.339 millones de euros en el horizonte de 2015.

El análisis de la realidad asistencial indica que el 80% del gasto de las autonomías en apoyo a los dependientes está concentrado en plazas de residencias para la tercera edad, tanto en régimen de internado como en centros de día y los llamados hogares de pensionistas, así como en otro tipo de centros asistenciales.

En opinión de los economistas, la ayuda a domicilio es ahora muy escasa en relación a la demanda y será precisamente la que se pretende implementar con la nueva legislación sobre ayudas a las familias con personas dependientes.