El Congreso aprueba la ley contra los coches más contaminantes

El Congreso aprobó a última hora de ayer la redacción definitiva del nuevo impuesto de matriculación de turismos que grava las emisiones de dióxido de carbono, principal causante del cambio climático. Las familias numerosas no quedarán exentas de este gravamen, tal y como pedía una enmienda del PNV en el Senado y numerosos correos electrónicos que muchas familias habían enviado en las últimas semanas a la Cámara Alta.

Los socialistas se opusieron a esta modificación, así como a la exclusión de la Ley de Calidad del Aire y de Protección de la Atmósfera de unas 5.000 empresas sujetas a una legislación anterior, como pretendía el PP.

A partir del próximo año, se sustituirán los actuales tipos impositivos. Hasta ahora regían un 7% para motores gasolina de hasta 1.600 centímetros cúbicos y diésel de hasta 2.000; y del 12% para las cilindradas superiores.

En 2008, entrarán en vigor cuatro tipos distintos: 0% para turismos cuyas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera no sean superiores a 120 gramos/kilómetro; 4,75% para los que emitan entre 120 y 160 gramos/kilómetro; 9,75% para los que se sitúen en la franja de 160 y 200 gramos/kilómetro; y 14,75% para las emisiones iguales o superiores a 200 gramos/kilómetro.

'Quad' y motos náuticas

Los residentes en Ceuta y Melilla no pagarán nada en ninguno de los casos anteriores, mientras que a los canarios les afectarán unos tipos menores que al resto de españoles.

El texto mantiene por error la bajada del 12% al 9,75% de la tributación para embarcaciones de recreo, aeronaves de uso privado y otros vehículos terrestres no turismos, pero el Grupo Socialista se apresuró a presentar una enmienda parcial a los Presupuestos Generales del Estado para subsanar este error y mantener el impuesto del 12% para estos vehículos.

Por su parte, los vehículos tipo quad y las motos náuticas, que en la actualidad no tributan, pasarán a un tipo del 14,75%. De este modo se incorpora a la legislación una medida anunciada y concretada ya el pasado 20 de julio por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

La nueva ley obligará a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a incorporar la calidad del aire y la prevención de la contaminación en sus planeamientos urbanísticos. Estos criterios serán además determinantes para decidir sobre la ubicación de nuevas infraestructuras de transportes.

La ley exigirá a los ayuntamientos de más de 250.000 habitantes que elaboren planes de evaluación de calidad del aire.