El sobrecoste de los turistas permanentes

Casi medio millón de personas no empadronadas recurrieron a los servicios sanitarios valencianos el pasado año con un coste de 660 millones de euros, según cálculos de la Consejería de Sanidad. De ellos, el 22% (cerca de 100.000) era un residente europeo no empadronado. Esta gigantesca y sumergida bolsa de pacientes que recibieron atención médica en 2006 no cuenta oficialmente para el resto de variables a la hora de establecer las partidas presupuestarias de las administraciones. Estos datos refuerzan la reivindicación del Gobierno valenciano de revisar el modelo de financiación autonómica, basado en criterios poblacionales. Los sindicatos resaltan la incoherente demanda del Consell de exigir más recursos públicos mientras anuncia una bajada de los impuestos.

El Consell dice que la cobertura supone un coste añadido de 773 millones

"Es ilógico apostar por residentes y turistas y quejarse de falta de recursos"

Conocer el dato de residentes de hecho (personas que residen de forma habitual en una localidad aunque sin darse de alta en el censo) entraña una gran dificultad, apunta el sociólogo de la Universidad de Alicante, Tomás Mazón. No obstante, el experto, autor de un estudio sobre la población flotante en las localidades costeras de la provincia de Alicante, no duda en situar a la Comunidad Valenciana a la cabeza de las regiones con mayor recepción de nuevos residentes (tanto de otras autonomías como del extranjero). Esta afirmación la corrobora el siguiente dato: el 34% de los extranjeros afincados en España reside en la Comunidad Valenciana. Y es que depurar la dimensión de este segmento de población no es una cuestión baladí. Los autores del penúltimo informe del Sistema de Información Poblacional de la Comunidad Valeriana así lo constanta. Subrayan que el reconocimiento demográfico es "el primer paso" para atender las necesidades sociosanitarias y redimensionar los actuales recursos de una manera adecuada.

Este volumen incierto, aunque descomunal según muchos estudiosos, de población al margen de la legalidad es uno de los argumentos que la Generalitat Valenciana esgrime una y otra vez cuando se le reprocha el "declive" de la red sanitaria. Así lo revela el informe sobre los servicios sanitarios de las comunidades publicado por las asociaciones en defensa de la sanidad pública. Este estudio coloca a la Comunidad Valenciana a la cola de la clasificación en 2004 y 2005. La Consejería de Sanidad alega que la financiación en materia sanitaria del Estado se recibe en base al padrón de 1999. Desde entonces, el crecimiento de residentes se sitúa en cerca de un millón de personas, según datos manejados por el Consell.

A pesar de que legalmente, todos los residentes han de estar empadronados en el Ayuntamiento de su residencia habitual, un porcentaje muy elevado no se registran en el padrón municipal. Los motivos que lleva a este colectivo a no reglar su estancia se debe a diversos motivos: posibles complicaciones fiscales, hipotéticas pérdidas de derechos de pensiones o desconocimiento de sus obligaciones. De hecho, los residentes comunitarios están menos expuestos a la presión de la administración para vivir aquí, si se compara con el resto de ciudadanos extranjeros. Según los expertos, la identificación de esta población como turistas ha dificultado la plena normalización de estos residentes como parte integrante de la sociedad valenciana.

Pero el crecimiento de la población extranjera sigue en auge. Según datos provisionales del INE, ya supera los 727.000 extranjeros. La Generalitat subraya que ofrece asistencia sanitaria a 750.000 personas más de las que cubre el modelo de financiación del Ministerio. Esto, según el Consell, supone un gasto sanitario añadido de 773 millones de euros que asume íntegramente la Comunidad.

Los sindicatos cuestionan la incoherencia del Gobierno de Camps. Salvador Roig, de CC OO, es contundente. "La política del PP es ilógica. Por un lado, apuesta por un desarrollo insostenible basado en la captación de turistas y residentes bajo el paraguas de la construcción. Pero luego, se lamenta porque este sector necesita recursos sanitarios", añade. El dirigente sindical abunda en sus críticas hacia la gestión popular. Roig reprocha la política de fuegos artificiales de Camps que exige más fondos estatales para levantar la sanidad valenciana mientras anuncia una bajada de impuestos en su demarcación.