La Diputación tendrá en dos meses nuevos datos sobre el fraude de Irún
El Departamento de Hacienda y Finanzas de Guipúzcoa espera tener en un plazo de dos meses más datos sobre el fraude en la oficina tributaria de Irún. A mediados de septiembre decidió ampliar la investigación y empezó a inspeccionar 150 nuevos expedientes tramitados entre 1991 y 2001. Tomó esta decisión al entender que existen "indicios más que razonables" para pensar que en ese tiempo se pudieron dar situaciones irregulares. La Diputación se ha remontado a principios de los años noventa porque fue entonces cuando José María Bravo, el principal imputado en el caso, se hizo cargo de la dirección de la oficina de la localidad fronteriza.
Siete funcionarios trabajan ahora en la investigación de la estafa, según detalló ayer el diputado de Hacienda, Pello González. Dos de ellos se dedican a tiempo completo a revisar los 150 expedientes citados, que no fueron incluidos en la investigación inicial de la Fiscalía, pero que serán remitidos al Ministerio Público si la Diputación encuentra irregularidades. El resto del equipo colabora con la Fiscalía y la juez del caso para aclarar cuestiones técnicas.
Otros dos contribuyentes testificaron ayer que realizaron pagos al ex director de la Hacienda de Irún, quien supuestamente se embolsó el dinero. M. J. L. tenía una deuda de 222.000 euros. Habló con Bravo y éste le dijo que le pagara en efectivo y en varios plazos 101.570 euros. Tras el abono, la funcionaria Pilar Gracenea, otra de las imputadas, dio de baja la deuda por insolvencia, según indicaron fuentes cercanas al caso. A M. R. G. le notificaron una deuda de 144.000 euros y entregó un cheque por valor de 30.000 a Bravo. Esta cantidad fue a parar a Ulki, una sociedad que pertenecía al propio Bravo y a su socio Pedro María Atristain, también imputado.
