El Gobierno retira por inútil una ley tras aprobarla el Congreso

El objetivo fallido era descargar de trabajo los juzgados

El Pleno del Senado debía votar ayer por la tarde una ley que no decía nada y acabó, directamente, no votando nada. El Gobierno esperó hasta el último minuto y decidió por la mañana retirar de la tramitación parlamentaria la Ley de Jurisdicción Voluntaria, al constatar que no cuenta con mayorías para aprobar una norma presentable.

La razón es que el texto fue enmendado en el Congreso hasta hacerlo inviable, con artículos abiertamente contradictorios entre sí.

Es la primera vez en democracia que un proyecto se retira después de haber sido aprobado por el Congreso, según el Partido Popular. El ponente socialista, Arcadio Díaz-Tejera, admitió ayer que el proyecto era "incoherente" e "inviable", aunque acusó al PP de haber hecho imposible arreglarlo. La Ley de Jurisdicción Voluntaria pretendía dar competencias a notarios, registradores y secretarios judiciales para resolver expedientes que ahora se amontonan en los juzgados.

Las primeras etapas de la tramitación en el Senado evidenciaron que la ley era imposible de arreglar. La sesión de la Comisión de Justicia el pasado día 18 fue para enmarcar. Eusko Alkartasuna dijo que su postura era "que este proyecto no viera la luz del día". Coalición Canaria advirtió que de esta ley "puede salir algo que realmente no se sabría cómo aplicarlo". "Existen graves problemas de eficacia real del proyecto", advirtió Convergència i Unió.

Unanimidad en la crítica

La intervención definitiva la hizo el portavoz del PNV, Joseba Zubia: "Después de no mucho esfuerzo, mi grupo parlamentario ha llegado a la conclusión de que esto no hay quien lo arregle, siempre que se quiera mantener un mínimo de coherencia, sentido común y dignidad parlamentaria. Retiramos todas nuestras enmiendas y renunciamos a entrar en un debate que resultaría estéril". Zubia pidió al Gobierno que retirara el proyecto.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Por parte de la Entesa Catalana, el senador Miquel Bofill advirtió contra "un texto que no es de recibo ya no digo por parte de un jurista, sino de cualquier persona con un mínimo de sentido común". Hasta Agustín Conde, del PP, azote del ministro de Justicia en el Senado, hizo un repaso detallado y respetuoso de los problemas que había tenido la ley en su tramitación y llegó a decir que, si el Gobierno retiraba el proyecto, desde el PP le criticarían "poquito".

Conde puso un ejemplo demoledor de los problemas de la ley: "En el artículo 26 se dice que en los expedientes de jurisdicción voluntaria habrá recursos y se regula cómo son, mientras que en el 26 bis se dice que no cabrá recurso. ¿Qué hacen los jueces? ¿Hay recurso o no lo hay? ¿Es preceptiva la intervención de abogado? ¿No lo es?".

La portavoz socialista, Ruth Porta, no tuvo más remedio que admitir que se trataba de "un proyecto manifiestamente mejorable". El PSOE presentó 10 enmiendas transaccionales (pactadas con otros grupos) con las que pretendía arreglar el texto. Pero la sesión en Comisión terminó de confirmar el desastre legislativo. Aprobó tres enmiendas y votó en contra del resto del texto, con lo que ayer el Pleno debía votar, literalmente, tres enmiendas, no una ley.

Sobre la firma

Pablo Ximénez de Sandoval

Es editorialista de la sección de Opinión. Trabaja en EL PAÍS desde el año 2000 y ha desarrollado su carrera en Nacional e Internacional. En 2014, inauguró la corresponsalía en Los Ángeles, California, que ocupó hasta diciembre de 2020. Es de Madrid y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS