Columna
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Apaleamientos racistas

El portavoz del del PP en el Ayuntamiento de Almería ha presentado una moción para que el pleno solicite el indulto para dos vecinos de El Ejido, condenados a 15 años de prisión por secuestrar y apalear a dos inmigrantes. El Tribunal Supremo declara que en un Estado de Derecho no tienen cabida actuaciones como las de estos vecinos que, prevaliéndose de que las víctimas eran inmigrantes sin papeles, les secuestraron en tres ocasiones y les rompieron una pierna, la cara y varios dientes. Éstos hechos no han impedido que el grupo popular presente una moción a favor del indulto. Es una petición en la que merece la pena detenerse. Tanto en el hecho en sí, como es solicitar el indulto, como en las razones esgrimidas para justificarlo; sostiene el portavoz que "con esta petición se recoge el sentimiento mayoritario de los ciudadanos".

No seré yo quien ponga en duda de que, en esta ocasión y por estas palizas, exista un grupo de personas que por razones de amistad, de familia o de vecindad se movilicen para lograr el indulto. Sin duda existen, como también que pueden valerse de estos sentimientos para descomponer la realidad de los hechos y, mediante esta degradación, colocar por encima de la Justicia y el Derecho, sus sentimientos y deseos. Esta alteración de valores para algunas personas -sin duda, también, hay otras silentes que no se manifiestan- pueden enturbiar la realidad racista de estos hechos.

Lo que no debe aceptarse, y es por lo que decía que merecería la pena detenerse en esta petición, es que se comparta por un grupo político democrático que ha hecho profesión de fe en defensa de la igualdad y la no discriminación. No es de razón que ni el PP ni cualquier otro sostengan un indulto a favor de personas que han cometido actos racistas. El grupo popular debería entenderlo y no jugar ni ser cómplice de sentimientos que van en contra del Estado de Derecho.

Y hago este comentario, en cuanto a colocar por encima del Derecho a los sentimientos, porque, en el momento actual, Regina Otaola -alcaldesa de Lizartza por el PP- tiene en su contra a un grupo de ciudadanos de esta localidad vasca y su permanencia, como alcaldesa, es un triunfo de los valores democráticos. Éste es el camino. No el que el mismo grupo realiza en Andalucía pues, de aceptarse la justificación que aquí se ha dado, se dejaría en manos de los que más gritan y de los sentimientos, sean amistad o sean nacionalistas, el Estado de Derecho. No son los que más gritan, ni los sentimientos, los que marcan el sí y el no de los valores del sistema democrático. El sistema democrático no se sustenta en sentimientos personales ni en posiciones si, a través de ellas, se renuncia y se destrozan sus valores. Algunos dirigentes del grupo popular deberían saberlo y no mantener posturas diferentes según sea el norte o el sur y andar justificando indultos por actos racistas.

Los indultos individuales deben concederse por razones de justicia y equidad. Razones que no se dan en supuestos que van contra las políticas y avances sociales, como las de igualdad o violencia de género. Sus violaciones son el máximo exponente de la injusticia. No parece que la moción a favor de este indulto deba tener cabida, y menos respuesta favorable, por parte de un Ayuntamiento que representa a un pueblo y a sus valores constitucionales. Ir en contra de estos valores vacía de contenido una Justicia constitucional y elimina la ejemplaridad de una sentencia que quiere mirar para otro lado, como esos viajeros de un tren en Cataluña que hace días callaron mientras un racista -uno más- se liaba a golpes con una pequeña por el único hecho de ser inmigrante. Bien haría el grupo popular en alcanzar una coherencia democrática que le hacen olvidar que la justicia y la equidad no son compatibles con quienes destrozan otras vidas humanas por su condición o su origen.

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