Euskadi ha valorado sólo a una de cada seis personas dependientes

Casi una de cada diez familias vascas -65.000 en total- tiene un miembro dependiente por discapacidad o edad avanzada, según un estudio del Gobierno autonómico. La Ley de Dependencia, aprobada por el Congreso a finales de 2006 y en vigor desde enero de este año, disparó las expectativas de los afectados y sus familiares. Pero el desarrollo de la ley está resultando polémico, laborioso y lento. De hecho, se prolongará hasta 2015. Hasta ahora, 13.607 vascos han solicitado acogerse a esta ley. Las diputaciones han valorado desde finales de abril, cuando se aprobaron los baremos correspondientes para determinar el nivel de dependencia, a 10.527 personas, lo que supone una sexta parte de los ciudadanos dependientes. Hay que tener en cuenta que este año sólo serán beneficiarios los grandes dependientes, es decir, los que tienen una minusvalía superior al 75%. En Euskadi se calcula que son algo más de 10.000.

Guipúzcoa y Álava aprobarán en breve los decretos de las ayudas económicas

Las peticiones para acogerse a la Ley de Dependencia han de tramitarse a través de los ayuntamientos, donde los interesados deben presentar un informe médico y otro social. A 18 de octubre, las solicitudes en Guipúzcoa ascendían a 5.083, de las que 3.200 ya están resueltas, según indicó ayer la diputada de Política Social, Maite Etxaniz. No concretó, sin embargo, los niveles de dependencia de los demandantes.

Las prestaciones económicas que contempla la ley y, sobre todo, su financiación, está resultando controvertida y ha provocado más de un cruce de reproches entre las administraciones central y vascas. El decreto foral que regulará esas prestaciones en Guipúzcoa está ya en trámite y Etxaniz lo presentará "próximamente" en el consejo de diputados para su aprobación.

El decreto, según detalló, establece tres modalidades de subvención: las ayudas destinadas a pagar una residencia privada, que sólo se concederán cuando haya sido imposible acceder a un recurso público o concertado; las prestaciones para pagar a los familiares que cuiden a un allegado dependiente, y aquellas destinadas a contratar a un asistente personal externo a la familia.

Etxaniz resaltó que la única aportación "novedosa" de la Ley de Dependencia en Guipúzcoa es precisamente la relacionada con las prestaciones económicas, ya que el resto de los servicios sociales ya se vienen ofreciendo por parte de su departamento. La diputada, en cualquier caso, reconoció la "complejidad" de la aplicación de esta norma.

Vizcaya sumaba a 16 de octubre 5.200 solicitudes para beneficiarse de la nueva ley. Han sido valoradas 4.779 personas, de las que 2.533 ya disfrutaban de servicio residencial con ayudas forales. De las 2.246 restantes, 789 ya disponen de un plan de atención, que pasa por una residencia, un centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia o una prestación económica.

Y es que la Diputación vizcaína aprobó en junio los dos decretos por los que regula la prestación para cuidados en el entorno familiar y la ayuda para una asistencia personal externa. La institución foral ha concedido este tipo de subvenciones a 160 personas, todas ellas cuidadores no profesionales, es decir, familiares de los propios dependientes.

En cualquier caso, el diputado de Acción Social, José María Aburto, reconoció la pasada semana que "la maquinaria aún no está preparada para responder de manera inmediata" a la gran cantidad de solicitudes que están recibiendo.

Los últimos datos facilitados por Álava corresponden a primeros de octubre. Hasta esa fecha, la Diputación había registrado 3.324 peticiones para acogerse a la Ley de Dependencia. Ya han sido valorados 2.548 ciudadanos, de los que el 47% han sido catalogados como grandes dependientes. El 28% padece un grado de dependencia medio, mientras que el 25% restante tiene una discapacidad leve.

La Diputación alavesa está desarrollando ahora el denominado Programa Individual de Atención, que determinará las modalidades de intervención más adecuadas a las necesidades de cada persona. Y tiene pendiente de aprobación los decretos referidos a las prestaciones económicas, que recibirán luz verde en breve.