El Ejecutivo combina su política soberanista con la demanda de transferencias pendientes

La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, revalidó ayer ante la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, las reclamaciones sobre el desarrollo del Estatuto de Gernika y el traspaso de competencias pendientes. El Gobierno de Ibarretxe no encuentra contradictorio mantener esa reivindicación al mismo tiempo que detalla el recorrido que seguirá para dejar atrás la vía estatutaria en favor de un marco nuevo basado en el derecho a decidir la relación de Euskadi con el Estado. Zenarruzabeitia expondrá hoy el contenido de la reunión con la ministra.

Se trata del primer contraste sobre transferencias al máximo nivel desde que gobierna el PSOE

Dos días después de la entrevista del lehendakari con el presidente Rodríguez Zapatero, la reunión de ayer entre la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia y la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, viene a resaltar que el Gobierno tripartito no abandona su reclamación del desarrollo completo de las posibilidades del Estatuto de Gernika, pese a haber dado a éste por superado y propugnar un nuevo marco abiertamente soberanista.

La reunión de ayer había sido pedida en julio por el Ejecutivo de Ibarretxe, nada más producirse el nombramiento de Elena Salgado al frente del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP). Se trata del primer encuentro al más alto nivel sobre transferencias y desarrollo estatutario celebrada desde que el anterior titular del ministerio, Jordi Sevilla, se entrevistó con el lehendakari Ibarretxe en Vitoria el 29 de abril de 2004, nada más tomar posesión el Gobierno socialista. La incomunicación entre ambos gobiernos duraba entonces desde 2000, cuando el PP alcanzó la mayoría absoluta y dejó de necesitar el apoyo del PNV en el Congreso.

Ambas partes han mantenido otros contactos en los segundos niveles de las dos administraciones, que, según el Ejecutivo autonómico, no han avanzado tanto como para prever que el encuentro de ayer produjera frutos inmediatos. Tanto el ministerio como la Vicepresidencia guardaron silencio después de la reunión, que duró dos horas, y se ha anunciado para hoy una comparecencia de la vicelehendakari.

El Gobierno reclama 37 competencias, basándose en un listado elaborado por unanimidad en el Parlamento vasco en 1995, prácticamente las mismas desde que José Antonio Ardanza era lehendakari y gobernaba en coalición con los socialistas.

El encuentro de ayer se produjo en un contexto por la entrevista del martes en La Moncloa, en la que lehendakari trasladó a Zapatero su propuesta de pactar un marco superador del Estatuto de Autonomía, basado en el derecho de autodeterminación y en la celebración de una consulta popular dentro de un año.

El camino soberanista emprendido por el Gobierno vasco desde la llegada de Ibarretxe en 1999 ha dejado en estos ocho años en segundo plano la reivindicación del desarrollo estatutario. La última transferencia al País Vasco se produjo en 1999 y fue la de la autopista A-8, que une Bilbao con la frontera francesa. Desde la puesta en marcha de la autonomía hasta esa fecha se traspasaron a Euskadi 87 competencias.

De esta paralización se han salvado siempre, sin embargo, las cuestiones más determinantes para el autogobierno vasco: la primera renovación del Concierto Económico, obligada a los 20 años de su aprobación, fue sellada en 2002, con el Gobierno de José María Aznar, a pesar de las pésimas relaciones del momento y una vez que el Ejecutivo autónomo abandonó sus pretensiones sobre la presencia directa en las instituciones europeas, que había estado vinculando a la firma de ese pacto. Igualmente se han acordado sin problemas las leyes quinquenales del Cupo (la aportación de Euskadi al Estado para financiar los servicios y competencias no transferidos).

En julio de 2002, el Gobierno vasco dio dos meses de plazo al de Aznar para que traspasara las competencias pendientes bajo la amenaza, nunca cumplida, de asumirlas y ejercerlas de modo unilateral. En 2005 exigió al Ejecutivo de Zapatero un calendario para los traspasos que tampoco se ha elaborado nunca.

La llegada del PSOE al Gobierno sí permitió cerrar acuerdos sobre varias cuestiones pendientes, entre ellas los gastos ocasionados por el desastre del Prestige o la ampliación de la Ertzaintza. En el verano de 2006 se produjo una aproximación para transferir las políticas activas de empleo, que lleva a cabo el Inem. Esta resultó finalmente frustrada al pretender rechazar el tripartito la competencia por considerar que la fórmula de su traspaso no respetaba la singularidad del Estatuto.

Las cuestiones en las que pone más énfasis el Gobierno de Vitoria son las políticas activas de empleo y la Inspección de Trabajo, los ferrocarriles de cercanías, la investigación científica y técnica, e instituciones penitenciarias. Sin embargo, el Ejecutivo central rechaza el traspaso de las prisiones por afectar a la política antiterrorista.