Malos argumentos
Ibarretxe parece decidido a conseguir que el Estatuto vasco sea el único que no se reforme. Más interesado, aparentemente, en que siga vivo su famoso plan, en versiones sucesivas, entorpece con su empecinamiento la única iniciativa que sería capaz de suscitar hoy un consenso comparable al del Estatuto de Gernika: iniciar su reforma de acuerdo con los procedimientos legales y con respeto a las reglas de juego democráticas. Zapatero le dijo ayer que no había ninguna posibilidad de acuerdo, pero el lehendakari apeló a su reconocida tenacidad (y a los 7.000 años de existencia del pueblo vasco) para no darse por enterado. También pidió argumentos en lugar de insultos, pero los suyos fueron aptos sólo para convencer a convencidos.
El primero, que "no admite discusión", la legalidad de su propuesta de convocatoria de una consulta. Pero sí la admite. El artículo 149.1.32 de la Constitución establece, y la Ley de Referéndum desarrolla, el principio de que la competencia para las "consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades" corresponde al Estado. Ibarretxe juega con la ambigüedad de las palabras para sostener que lo suyo no es un referéndum, sino una consulta no vinculante, y cita disposiciones al respecto de los Estatutos de Cataluña y Andalucía.
Sin embargo, del alcance que el propio Ibarretxe da a su consulta "habilitadora" se deduce que se trata de algo más que una encuesta: una votación con participación de todo el censo vasco en torno a una pregunta con dos únicas respuestas, y a la que se atribuye la función de desbloquear el desacuerdo entre instituciones, es un referéndum como un caserío. Y las referencias catalana y andaluza excluyen expresamente las consultas "por vía de referéndum".
El segundo argumento fue que no se puede aceptar que sea el terrorismo el que determine cuándo se puede negociar, con el añadido de que su planteamiento de la consulta es "lo que más daño hace a ETA". Pero fue el propio lehendakari quien condicionó su convocatoria a la ausencia de violencia, como garantía de igualdad de condiciones; y fue el todavía presidente del partido de Ibarretxe, Josu Jon Imaz, quien advirtió sobre la utilización que ETA podría hacer del referéndum: como pretexto para legitimar el asesinato en nombre de una "presunta voluntad popular no atendida" si, tras la consulta, no hubiera "acuerdo político con el Estado".
No lo hubo ayer con el presidente del Gobierno, quien le exhortó a olvidarse de nuevas versiones de su ya herrumbroso plan. Ibarretxe sigue sosteniendo que es un proyecto vivo porque ningún otro cuenta con un respaldo superior. Se equivoca: primero, porque más apoyo tiene el Estatuto de Gernika; segundo, porque aquel plan no es sólo que contase con un respaldo "ajustado", como ayer dijo Zapatero, sino que decayó en un momento dado de su tramitación por desbordar los límites de la Constitución. El empeño en volver una y otra vez con la misma canción, con el argumento de que es un compromiso personal suyo, dice mucho sobre la tenacidad de Juan José Ibarretxe, pero también sobre su insuficiente comprensión de las reglas de la política en una democracia parlamentaria.
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