San Sebastián reclama restringir las manifestaciones conflictivas

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento donostiarra reclamó ayer a las instituciones encargadas de autorizar o prohibir actos públicos y manifestaciones que, a la hora de tomar una decisión, hagan prevalecer "el derecho de la mayoría de los ciudadanos a disfrutar de la ciudad". Los grupos municipales suscribieron esta petición tras los graves incidentes del pasado viernes, cuando decenas de simpatizantes de la izquierda abertzale que protestaban por la presencia de la Falange en San Sebastián mantuvieron una batalla campal con la Ertzaintza.

Por encima de valoraciones personales, el gobierno (PSE, EB y Aralar) y la oposición (PP, PNV y EA) unieron ayer sus voces en San Sebastián para condenar los actos vandálicos provocados por "los grupos abertzales extremistas" en la ciudad. "Constituyeron un ataque directo a las libertades de la ciudadanía y un desprecio al patrimonio colectivo de los donostiarras", plasmaron en un comunicado conjunto.

Pero, más allá de la lógica repulsa, los grupos municipales enviaron un mensaje claro al Departamento de Interior y a los órganos judiciales. "La gravedad de estas demostraciones de fanatismo e intolerancia no puede pasar desapercibida para las instituciones que deben salvaguardar el orden público y la libertad de la ciudadanía a la hora de pronunciarse sobre actos o manifestaciones que pudieran derivar en incidentes violentos", subrayaron en su escrito, en el que, por cierto, instan a ANV, EHAK y Batasuna a condenar lo ocurrido.

La autorización a la manifestación convocada por la Falange a las 17.00 en el Boulevard y al acto "antifascista" organizado a las 15.00 en el mismo lugar por simpatizantes de la izquierda abertzale fue motivo de disputa entre el alcalde, Odón Elorza, y el Gobierno vasco. El primer edil se preguntó la misma noche del viernes cómo era posible que la consejería de Interior hubiera "autorizado una concentración de extrema derecha en el Boulevard". A la mañana siguiente, la portavoz del ejecutivo, Miren Azkarate, tachó estas declaraciones de "lamentables" y recordó que el permiso provenía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Interior recibió la petición de la Falange para manifestarse en el Boulevard, pero trasladó la marcha al barrio de Amara, enfrente del estadio de Anoeta, para evitar posibles incidentes con contramanifestantes. Los ultraderechistas recurrieron esta decisión y el Superior vasco les dio la razón. Argumentó que el cambio de ubicación suponía "una limitación del ejercicio del derecho" de manifestación. Y apuntó que los posibles enfrentamientos "no eran imputables a la organización convocante", sino, en todo caso, "consecuencia de la respuesta de organizaciones antagonistas".

La Falange se tuvo que conformar con celebrar una concentración junto a un centro comercial a las afueras de la ciudad, en vista de la batalla campal que se formó en el centro hacia las 16.15, la hora tope que tenía el acto "antifascista", éste sí autorizado por Interior. Así que el gobierno donostiarra replicó el sábado al Ejecutivo autonómico que había pecado de "falta de previsión de lo que podía acontecer".